Niños venezolanos dejan a un lado los estudios para trabajar. Foto referencial EFE
Caracas.- Algunos menores venezolanos que llegan a Colombia a trabajar se exponen a ser víctimas de malos tratos, explotación laboral y sexual, y el asecho de las organizaciones criminales en las zonas fronterizas, según lo reseñó Consejo de Redacción.
Los oficios que realizan los menores van desde el comercio informal hasta actos de pornografía infantil y venta de estupefacientes. Algunos se desempeñan como carretilleros, trasladando maletas y bolsas de venezolanos que cruzan el Puente Internacional Simón Bolívar.
El Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario expuso en base a la Encuesta de Calidad de Vida de 2019 que el 38% de la población migrante en Colombia tiene menos de 18 años, es decir que aproximadamente 857.660 venezolanos no alcanzan la mayoría de edad.
Por los momentos, no se tiene registros que indiquen cuántos niños, niñas y adolescentes venezolanos están trabajando en condiciones de explotación laboral. Sin embargo se sabe que el 44,9% no tiene acceso a la educación, es decir unos 384.898, según cálculos del Observatorio de Venezuela.
“Como no hay oportunidades y como no están cubiertos sus derechos, uno de los grandes flagelos es la explotación laboral», explica Lala Lovera, directora de la Fundación Comparte por una Vida.
Carlos Cárdenas, colaborador de la Asociación Unidos Por Un Mismo Fin, explicó que identificaron a un hombre que capta a menores migrantes de ocho y 13 años en los sectores de Juan Atalaya y Nuevo Horizonte en Cúcuta para ofrecerles dinero y ropa a cambio de vender fruta.
Por su parte, Ronal Rodríguez investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, aseguró que los menores migrantes venezolanos poseen un desarrollo motor, psicológico e intelectual comprometido debido a que desde temprana edad asumen ciertos roles que no les corresponden.
Las condiciones de pobreza extrema obliga a que los menores trabajen para ayudar a mantener a sus familias. Este es el caso de Nahirolí Urbina Moreno, de 38 años, quien decidió irse desde Aragua hasta Colombia para encontrar oportunidades laborales, por lo que viajó con su pareja, su hija de 17 años y su otro hijo de 14 años.
“En la casa trabajaba yo, pero me quedé sin empleo. A veces me llaman para trabajar en un restaurante los domingos. La niña me ayuda a vender rifas, con eso nos ayudamos para los servicios”, cuenta.
Ana Teresa Castillo, presidenta de la Fundación Deredez, dice que conoce testimonios de niños migrantes que viven con familiares o que viajan solos y que han caído en redes de explotadores laborales o sexuales en Norte de Santander con la complicidad de autoridades policiales.
“Ellos -los menores- llegan, duermen en la calle y grupos al margen de la ley como el Tren de Aragua los captan, les dan vicio, los ponen a robar celulares y a cobrar en las trochas. Hay muchachos que están apareciendo muertos. A las niñas les dicen que van a trabajar en almacenes, pero las venden y las llevan a otros países”, denunció Castillo.
Según Beatriz Mora, directora del Instituto Tachirense de la Mujer (Intamujer), explica que los funcionarios policiales, tanto venezolanos como colombianos, han colaborado con la captación de menores al no solicitarles documentación al momento de pasar por puntos fronterizos.
En Colombia, las organizaciones que trabajan con la población migrante menor, esperan la radiografía socioeconómica que arroje la puesta en marcha del Estatuto Temporal de Protección (Eptve) y confían en que esta herramienta permitirá poner un alto a la situación.
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