Caracas. El martes 4 de agosto un grupo de más de 50 venezolanos que pernoctaban en las riveras del río Tahuando fueron desalojados forzosamente por funcionarios de la policía de la Ciudad Ibarra, Ecuador.
La alcaldesa de Ibarra, Andrea Scacco, autorizó el desalojo del grupo de migrantes venezolanos que se encontraban instalados a las riveras del río.
Daniel Regalado, presidente de la asociación civil Venezuela en Ecuador, explicó a El Pitazo que no se llevó a cabo un proceso de socialización para buscar una reubicación asegurando un trato de carácter humanitario a quienes se encontraban pernoctando cerca del rio.
«Ellos dicen que fue un proceso ‘socializado’, pero eso no se hizo. Simplemente llegaron con la policía y tiraron todo«, expresó.
Regalado expuso que debido a que se accionó de forma abrupta, no se tiene un número exacto de cuántos venezolanos se encontraban allí, pero hasta los momentos han contabilizado al menos a 56 personas, entre los que hay menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores y discapacitados.
«No se socializó con organizaciones para verificar quiénes son, dónde están, cuál es su situación, y luego proceder a trasladarlos a otro sitio. La alcaldesa de ese municipio realmente cometió un error«, dijo el presidente de la asociación civil.
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Durante el desalojo de los migrantes se registraron agresiones físicas debido al enfrentamiento que se produjo con los funcionarios de la policía de Ecuador. «Hay una agresión de parte de policías hacia una señora. Le echaron gas pimienta en la boca para que se callara y el hijo iba a ser aprehendido cuando intentó defender a su madre», relató Regalado.
Los venezolanos que se encontraban allí habían levantado casas sencillas fabricadas con materiales como plástico. Entre ellos habían personas que fueron desalojadas de las casas en las que residían, así como caminantes que iban de paso.
«Ellos fueron desalojados de allí y ahora se encuentran a la intemperie. Hemos aplicado procesos con la Defensoría del Pueblo, con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Sociedad de Ayuda al Inmigrante Hebreo (Hias) para reubicar a las personas», dijo.
Paralalelamente, la ONG Derechos Humanos DR recogió el testimonio de José González, un periodista venezolano que reside en Ecuador y que durante la pandemia fue desalojado de donde vivía con su familia, a pesar del decreto de prohibición de desalojos.
«Tuve que dejar mi laptop personal y una licuadora para poder pagar parte de la deuda del arriendo y aun así fui desalojado sin importar la pandemia o el hecho de tener un bebé de ocho meses» declaró González.
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Se estima que 70% de los venezolanos en Ecuador han tenido que realizar tareas informales para obtener ingresos durante la pandemia y que muchos han perdido sus empleos.
Ante la declaratoria de la emergencia sanitaria, la Defensoría del Pueblo monitorea la situación de los derechos de la población a escala nacional, con el objetivo de evitar posibles vulneraciones a los mismos. A su vez, se instó a no desalojar a las personas que mantenían en alquiler.
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