El paciente pasó 11 días internado en un hospital de Lima en el que no lo operaron por no ser ciudadano peruano. Foto: Cortesía @Minsa_Peru
Lima.- Una obstrucción tras otra. Desde el miércoles 29 de diciembre, Pablo Pacheco, migrante venezolano residente desde hace dos años en Perú, de 57 años de edad, está en riesgo de muerte.
A Pacheco le diagnosticaron un infarto de miocardio por obstrucción de las arterias, el jueves 2 de enero, luego de ocho días en búsqueda de atención. Cuando por fin lo atendieron fue en una clínica privada, gracias a un préstamo concedido en su lugar de trabajo.
En el sanatorio privado, por la detección de un infarto en desarrollo, fue remitido de emergencia a un hospital de Lima. En la dependencia gubernamental, donde estuvo hospitalizado 10 días, los retrasos en la atención no fueron los adecuados como corresponde con la urgencia.
Según Carlos Pacheco, su hijo, también migrante, pero en Argentina, la causa de la demora en el servicio es que su padre no ha regulado su estatus migratorio. El venezolano en Perú pudo iniciar el proceso para la legalización de su residencia apenas un año después que emigró, pues no poseía los recursos. En diciembre le notificaron que el aval legal se lo entregarían este mes.
“Él salió a trabajar el 29 de diciembre en la madrugada con un dolor leve. En el camino, el dolor aumentó, pero para no alarmar a su esposa lo mantuvo en secreto. A las 3:00 pm el malestar le produjo una descompensación que obligó a que fuera trasladado a un ambulatorio”, contó el hijo.
Pacheco hijo denunció que el servicio en el centro de atención primaria fue negligente, pues a su padre no le hicieron ningún estudio para determinar la causa del incesante dolor.
Por el contrario, al paciente le suministraron un tratamiento para reducir el dolor y le indicaron administrárselo por tres días en casa. En la residencia, localizada en San Juan de Lurigancho, un distrito de la provincia de Lima, capital peruana, permaneció cuatro días sin lograr mejorar del todo.
“Le aplicaron dipirona y diclofenac y le mandaron un tratamiento por tres días para el dolor y lo devolvieron a su casa. No le realizaron estudios de fondo. Ni siquiera un electrocardiograma, tampoco lo refirieron a un centro especializado”, expuso.
Con el pasar de los días, en medio de las fiestas de fin de año, los efectos de la afección disminuyeron, aparentemente. No obstante, el 2 de enero el dolor regresó con mayor intensidad.
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El malestar lo incapacitó al punto de que en su trabajo le dieron préstamo para que acudiera una clínica privada, en donde le pudieran realizar un diagnóstico definitivo. Pacheco padre es vigilante desde que llegó a Lima, a finales de 2017, cuando la profunda crisis venezolana lo obligó a tomar un autobús en el terminal de Charallave, estado Miranda, con rumbo a una mejor calidad de vida para él y su familia.
En el estudio se determinó un infarto de miocardio, que amerita una intervención de urgencia para implantarle un catéter. De inmediato lo transfirieron al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, situado en el distrito de Miraflores, en Lima, y que está bajo la administración del Ministerio de Salud de Perú.
Los problemas no pararon con el esperado diagnóstico y el traslado. El hijo del paciente narró que el hospital no le donó el catéter por no ser ciudadano peruano. Además, por el alto costo del aparato la operación no se realizó con la urgencia debida.
El catéter cuesta 16.000 soles, que equivalen a 4.800 dólares que ni el afectado ni su familia, Olalis Matos, de 53 años de edad y una niña de 12 años, pueden costear. La familia llegó a tierras peruanas en noviembre de 2017, provenientes de Nueva Cúa, población ubicada en los Valles del Tuy, estado Miranda.
“Mi papá gana 700 soles mensuales, que son como 200 dólares. Nada más el alquiler son 430 soles mensuales, en alimentación gastan 200 soles al mes, el colegio de mi hermana cuesta 230 soles al mes. En total, incluyendo gastos de traslado, hasta 1.200 soles mensuales, que cubre sumando lo que gana la esposa. Obviamente no cuentan con ese dinero”, detalló.
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La posibilidad de conseguir el aparato llegó a los cinco días de la hospitalización. “En la Superintendencia Nacional de Migraciones entregan ayudas económicas para atender problemas. Pero se necesita el permiso temporal de permanencia que, casualmente, le aprobaron a mi papá el 2 de enero. Sin embargo, no lo ha podido retirar debido a su situación de salud”, añadió el hijo.
De acuerdo con el testimonio de Matos, para que le entreguen el documento a un tercero exigen la presentación de un informe médico que le negaron en el hospital. El trámite tarda una semana en completarse, tiempo en que la condición del paciente podría agravarse con consecuencias fatales.
«Tienen que ceñirse a las normas del hospital, ese papel se tarda siete días. No hay forma de entregarlo antes. No están en su país”, alegó una de las trabajadoras a Matos, cuando desesperada acudió al centro de salud el sábado 11 de enero para intentar conseguir el informe que le permita la obtención de la ayuda.
El pasado domingo, Pacheco fue enviado de vuelta a su casa. Le indicaron reducir su movilidad al mínimo y le recetaron unas pastillas para aliviar el dolor. La obstrucción continua 12 días después, al igual que el estrangulamiento en su pecho.
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