Defensoría del Pueblo de Perú solicitó que se establezcan vías seguras de repatriación. Foto cortesía Convoca
Caracas. El 30 de abril lo llamaron a las 6 y 22 de la mañana para informarle que su esposa había fallecido el día anterior a las 2 y 20 de la madrugada. La notificación llegó 28 horas después de su deceso. “Yo estuve allí en el hospital y nadie me dijo nada. Incluso, me mandaron a comprar pañales y agua cuando ella ya estaba muerta”, se quejó José, venezolano migrante en Perú, al medio digital Convoca.
Oriundo de Mérida, escapó junto con su hija de la crisis humanitaria que amenazaba su subsistencia en Venezuela. Hace un año se reencontró con su esposa en Lima. Y en la segunda semana de abril, de acuerdo con el reportaje de Convoca, José empezó a presentar dolor de cabeza, fiebre y malestar general.
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Llamó al 113, el número habilitado por el Ministerio de Salud para atender los casos de COVID-19, pero le negaron la atención, bajo el argumento de que no tenía dolor de garganta ni dificultad para respirar.
“Lo malo fue que, a los días, mi esposa comenzó a sentirse mal”, narró el hombre y recordó el viacrucis que debió sobrellevar en Lima antes de que la mujer de 34 años fuera diagnosticada con el COVID-19: también le negaron a ella la ayuda en el 113, no le hicieron a tiempo la prueba del COVID-19, sufrió un derrame cerebral, recorrió sin éxito varios hospitales para hacerle una tomografía y, cuando finalmente iban a someterla al examen, ordenaron hacerle la prueba de COVID-19: el resultado fue positivo.
“Después de que supieron que tenía coronavirus la dejaron sola. Nadie más se quiso acerca a ella”, recordó José, quien dijo que entonces le informaron que no podían hacerle el examen, porque contaminaría el tomógrafo.
El texto de Convoca agrega que cuando pidió las cenizas de su esposa le dijeron que no encontraban el nombre de ella en los archivos del hospital. Tardaron cinco días en dárselas. “Quiero confiar en Dios, que me hayan entregado los restos de mi esposa, porque para mi hija esa son las cenizas de su mamá”, indicó José lleno de dudas, al señalar que prefiere no pensar que el crematorio haya cometido un error.
Perú contabilizó hasta 2019 aproximadamente 862.000 venezolanos migrantes, volviéndose el segundo país receptor. Carlos Scull, embajador de Venezuela en Perú designado por Juan Guaidó, aseguró a Convoca que su equipo registró cerca de 40 venezolanos fallecidos debido al coronavirus y teme que por el alto índice de contagio que se ha visto en el país, el número podría aumentar.
Sin embargo, el Sistema Informático Nacional de Defunciones registra, hasta el 16 de junio, sólo nueve muertes de venezolanos asociadas al coronavirus, de los cuales cuatro casos son confirmados, cuatro son sospechosos y uno figura como “neumonía por coronavirus”. En su mayoría, hombres mayores de 50 años, refiere la nota del medio digital peruano.
“La situación de los migrantes venezolanos es desesperante. Tenemos un censo con 153 mil hogares en condiciones de vulnerabilidad y existen 55 mil venezolanos que están en peligro de desalojo. Nos preocupa que puedan quedar en la calle y que se expongan al contagio”, expresó Scull.
La nota agrega que el canciller Gustavo Meza-Cuadra admitió el pasado 13 de marzo que la población venezolana es una de las más vulnerables, pero expresó que la responsabilidad de ayudarlos debe recaer en los organismos internacionales.
Algunos migrantes no han podido esperar al final de la cuarentena para volver a Venezuela, por lo que han optado por volver caminando o esperar que surja un vuelo humanitario que los ayude a retornar con sus familiares. Entretanto, una decena permanece hasta hoy fuera del Consulado de Venezuela en Lima con la esperanza de que el gobernante Nicolás Maduro los lleve de vuelta a su país.
Con información de Daniela Carrasco
Lee el reportaje de Convoca aquí
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