Los venzolanos deportados de Chile no mencionan sus vínculos familiares por protección. | Foto: EFE
La Corte Suprema de Chile acogió este martes 22 de junio un recurso de amparo presentado por una migrante venezolana expulsada por haber ingresado ilegalmente a ese país, quien además tiene familia en la nación austral.
En fallo unánime, la Segunda Sala del citado tribunal consideró que la expulsión se dio tras un «proceso administrativo insuficiente, carente de proporcionalidad y razonabilidad».
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«Aparece de manifiesto que la decisión de la Administración se adoptó luego de un procedimiento contencioso administrativo insuficiente, por cuanto la parte recurrente no fue oída ni pudo presentar las pruebas que estimare del caso, lo que torna en ilegal tal pronunciamiento en cuanto carece de la debida fundamentación, no pudiendo desprenderse de ella criterio alguno de proporcionalidad y razonabilidad, motivo por el cual la presente acción constitucional deberá ser acogida, al afectar la libertad ambulatoria de la persona en cuyo favor se acciona, sujeta a la medida de expulsión del territorio nacional», se lee en el fallo.
Asimismo, el dictamen establece que debe considerarse también la situación sanitaria generada por el COVID-19, «además de las persecuciones políticas y dificultades económicas, más las carencias sanitarias que padecen en sus países de origen quienes ingresan irregularmente a Chile«, añade el documento.
El pasado martes 8 de junio la Organización de Naciones Unidas (ONU) rechazó la deportación de un grupo de 56 migrantes venezolanos.
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«Varias (personas) fueron expulsadas a pesar de que su recurso de amparo estaba aún pendiente de resolución (…) y en algunos casos no se tuvo en consideración su situación humanitaria y vínculos familiares», alertó el comunicado, firmado en conjunto por cuatro agencias de Naciones Unidas y divulgado en Santiago de Chile.
En el documento, las instituciones llamaron al Gobierno a cumplir los tratados internacionales de derechos humanos y aseveraron que todas las personas sujetas a una medida de expulsión tienen derecho a una evaluación individual de su caso y del riesgo que implicaría la expulsión para su vida, libertad o integridad.
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