Venezolanas en Colombia se arriesgan cruzando a Panamá. foto cortesía PRI
Caracas.- El Juzgado Octavo Administrativo de Cúcuta ordenó al Instituto Departamental de Salud y a la Secretaría Municipal de Salud de Cúcuta presentar, de manera inmediata, informes en los que conste las actividades que están haciendo para difundir información y garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, sin importar la condición, nacionalidad o estatus migratorio de las mujeres.
La orden ocurre luego de que la organización Women’s Link Worldwide interpusiera una acción popular y solicitó medidas para que las mujeres del Norte de Santander, incluyendo a la población migrante, tengan acceso a atención materno infantil, la interrupción voluntaria del embarazo y la atención a víctimas de violencia sexual.
También se ordenó que, en caso de estar incumplir con el Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, en especial en la frontera colombo-venezolana, se tengan planes de acción inmediatos que incluyan a las mujeres en condición de vulnerabilidad, con énfasis en las migrantes.
“Decisiones como la de este juzgado de Norte de Santander mandan un claro mensaje a la Corte Constitucional y a otros jueces y juezas del país, pues muestran la necesidad de eliminar las barreras que aún siguen enfrentando las mujeres en las regiones para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, en especial la interrupción voluntaria del embarazo, y de tratar estos asuntos como lo que son: asuntos de salud pública», aseguró Lucía Hernández, abogada de Women’s Link Worldwide.
El boletín 18 sobre violencias basadas en género de la población migrante, del Proyecto Migración Venezuela, registró que entre enero y septiembre de 2020 hubo un incremento del 16% en denuncias de violencia sexual en la población migrante, principalmente en mujeres y niñas.
La solicitud de la ONG se efectúa justo cuando la Corte Constitucional de Colombia se alista para tomar una decisión sobre la eliminación del delito de aborto del Código Penal. El Juzgado Octavo Administrativo de Cúcuta les ordenó a diferentes autoridades de salud que tomen medidas inmediatas para proteger la salud sexual y reproductiva de las mujeres de la zona.
El juzgado afirmó que la acción presentada por la ONG demuestra que las mujeres del Norte de Santander no cuentan con información suficiente para acceder a los servicios de salud. Con la decisión, se espera que las entidades públicas actúen de manera coordinada para garantizar la disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva.
Actualmente el departamento no cuenta con suficiente personal médico capacitado para la interrupción voluntaria del embarazo, existe una falta de controles prenatales y atención post parto, en especial para las mujeres venezolanas. Según un informe de Profamilia, en el año 2018 se registró 8.209 mujeres gestantes venezolanas que necesitaron acceso a controles prenatales y atención especializada en el parto, sin embargo 6.304 no recibieron control prenatal.
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