Dejusticia señala que 96% de los venezolanos expulsados en 2019 fueron por razones discrecionales. Foto EFE
Caracas. Las expulsiones discrecionales se han convertido en la regla general y no la excepción en Colombia, alertó la abogada Lucía Ramírez Bolívar, investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad Dejusticia, mediante un estudio.
Con base en cifras de Migración Colombia, la abogada señaló que en el caso de las personas de nacionalidad venezolana, las expulsiones se han incrementado considerablemente desde 2018. Indicó que durante 2019 y 2020 fueron casi tres veces más los venezolanos expulsados que los deportados.
En la publicación, la especialista en derecho constitucional precisó que en 2019 Colombia llevó a cabo 1.330 expulsiones y 407 deportaciones de venezolanos, una relación completamente inversa a la que ocurre con el resto de las nacionalidades, cuyo total de personas deportadas ese año (5.768) es considerablemente mayor que el de las expulsadas (1.618).
En particular, la investigación muestra que en 2019 el total de venezolanos deportados y expulsados fue de 1.736, de los cuales 76,5% fueron expulsados y 23.4%, deportados. Adicionalmente, de las 1.330 personas venezolanas expulsadas, 96%, es decir 1.280, fueron expulsadas por razones discrecionales.
«Desde Dejusticia vemos con preocupación que en el país se está usando esta figura para justificar expulsiones arbitrarias de extranjeros en un contexto de creciente xenofobia en Colombia, especialmente contra las personas de nacionalidad venezolana, lo que evidencia prácticas de discriminación en razón de su nacionalidad«, manifestó Ramírez Bolívar.
El estudio de Dejusticia sostiene que en los últimos 5 años las expulsiones discrecionales de extranjeros aumentaron en 728%, pasando de ser 190 en 2015 a 1.573 en 2020. La ONG explica que se trata de una práctica que le permite a Migración Colombia expulsar a las personas extranjeras que a su juicio realicen actividades o representen un riesgo contra la seguridad nacional, el orden público, la salud pública y la tranquilidad social.
«Por lo general, las expulsiones de este tipo ocurren en tiempos muy cortos y la ley no permite que las personas puedan defenderse de esta decisión interponiendo recursos como la reposición y apelación, lo cual vulnera su derecho al debido proceso«, advierte Ramírez Bolívar.
Establecida en el decreto 1067 de 2015, la figura de la expulsión discrecional es una de las sanciones migratorias reguladas en el decreto y considerada una de las más graves. «Por esta razón debería ser excepcional y debería estar robustecida con mayores garantías para las personas migrantes», subraya la abogada e investigadora de Dejustucia.
La ONG apunta que en la actualidad la Corte Constitucional de Colombia revisa el caso de 7 de los 59 venezolanos que fueron expulsados de ese país bajo la figura de la expulsión discrecional en noviembre de 2019, durante el paro nacional contra el gobierno de Iván Duque.
«Dejusticia presentó una intervención en la que le solicitamos a la Corte Constitucional que ampare los derechos al debido proceso y a la unidad familiar de estas siete personas y que, adicionalmente, establezca un estándar sobre la necesidad de que las decisiones de expulsiones discrecionales tengan una debida motivación, es decir, que presenten de manera detallada las razones que sustentan que se considera que se debe aplicar esa sanción», refiere Ramírez Bolívar en el estudio.
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