Amnistía internacional instó a Perú a redoblar esfuerzos para prohibir la discriminación por motivos de género o de condición migratoria. Foto cortesía
Caracas. Aunque la violencia de género afecta a mujeres de todas las nacionalidades, incluidas venezolanas, peruanas o colombianas, y los canales oficiales de denuncia son los mismos para todas, las mujeres refugiadas y migrantes, principalmente de Venezuela, se enfrentan a dificultades adicionales para acceder a la justicia, la protección y el apoyo, reveló Amnistía Internacional el jueves 25 de noviembre.
La ONG identificó entre esas dificultades la discriminación por razón de su nacionalidad y comentarios estereotipados que las hipersexualizan de parte de los agentes estatales que se supone que deben protegerlas. También consiguió entre las mujeres falta de información y miedo a represalias, como la deportación, que a menudo las disuade de denunciar la violencia de que son objeto.
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la organización señaló además que las mujeres venezolanas sufren acoso en el lugar de trabajo, en las calles y en los centros educativos; también sufren chantaje sexual para mantener sus empleos o sus casas, y sufren abusos físicos y psicológicos, así como un temor constante a ser devueltas a su país.
El hallazgo es producto de una investigación que realizó la organización, luego de entrevistar a sobrevivientes de violencia de género, a personas que defienden los derechos humanos y a autoridades públicas en Perú, segundo país receptor del mundo de venezolanos, según cifras de la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados (Acnur).
Amnistía Internacional señaló también que la violencia de género y discriminación a la que se enfrentan en Perú las mujeres refugiadas y migrantes venezolanas se ve reforzada a menudo por el hecho de encontrarse en situación irregular en el país, en algunos casos con solicitudes de asilo pendientes que, afirma, parecen paralizadas indefinidamente.
La ONG instó a las autoridades peruanas a redoblar los esfuerzos para formar a funcionarios sobre la prohibición de la discriminación por motivos de género o de condición migratoria o de otro tipo. «Además, es fundamental que las autoridades difundan ampliamente información sobre el derecho de las mujeres refugiadas y migrantes a acceder a la justicia y a servicios de protección y apoyo independientemente de su condición migratoria», indicó Amnistía Internacional mediante un comunicado.
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