Caracas.- Más de 2,5 millones de migrantes venezolanos en América Latina están desempleados o en la economía informal. La proyección corresponde a la encuesta semestral sobre el monitoreo de protección, realizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) para evaluar las dificultades que enfrentan las personas refugiadas y migrantes en ocho países de la región.
En el estudio, elaborado sobre la muestra de 7.846 personas consultadas, se afirma que 66% de los venezolanos en países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, República Dominicana y Brasil no tienen empleo fijo o formal.
Los obstáculos para la regularización del estatus migratorio fueron otros de los problemas expuestos por los venezolanos encuestados en los país receptores.
«El 34% de la población encuestada no tenía ningún tipo de permiso de entrada o de estancia; mientras que, el 66% de las personas entrevistadas dijeron que estaban desempleadas o trabajaban informalmente», remarcó la institución.
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Cerca de la mitad de los venezolanos expresó tener dificultades para el acceso a la vivienda. Ante esto, en Perú y Colombia se ha visto un crecimiento en el número de venezolanos que prolongan su estadía en refugios, manejados por la agencia de la Organización de Naciones Unidas o por los gobiernos de los países de acogida.
Esta situación implica nuevos desafíos en cuanto a la atención del éxodo venezolano, que muestra un alza sostenida desde mediados de 2014, alertó Acnur.
Condición de refugiado
El organismo ratificó que el flujo migratorio venezolano pasó del histórico promedio de 800.000 personas en 2015 a más de 4 millones hasta junio pasado. Un crecimiento acumulado de más de 400%, que atribuyó a la crisis política, económica, sanitaria, social e institucional que atraviesa el país.
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También, añaden que Perú se ha consolidado como el segundo país, después de Colombia, receptor de población venezolana. No obstante, es en territorio peruano donde se han procesado la mayor cantidad de solicitudes de la condición de refugiado, como fórmula para acceder a una condición legal de residencia.
La medición es una herramienta que busca determinar el avance de procesos de inclusión de la población venezolana en el continente. En esta se mide el impacto psicosocial del fenómeno de movilidad humana de los venezolanos, que por su auge y dimensiones es inédito en la región.
