El grupo había sido expulsado por mar por las autoridades trinitenses el domingo 22 de noviembre. Foto cortesía ONU
San Juan. Los abogados que representan a un grupo de 26 niños y adultos venezolanos migrantes contra el Estado de Trinidad y Tobago lograron impedir que las autoridades los deporten una segunda vez.
Este es el resultado de una audiencia de emergencia que terminó a última hora del miércoles 25 de noviembre y en la que la jueza del Tribunal Supremo Avason Quinlan-Williams otorgó una orden judicial para detener una segunda deportación en espera del resultado de una demanda sustantiva.
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El grupo, entre los que se encuentra un bebé de 4 meses, había sido expulsado por mar por las autoridades trinitenses el domingo pasado, horas antes del inicio de un juicio en el que iban a pedir su estancia en la isla.
Tras estropearse el motor de la barca y estar dos días sin saber de su paradero, la Justicia de Trinidad y Tobago ordenó su regreso al país. Quinlan-Williams también ordenó que el grupo entre en cuarentena obligatoria durante 14 días antes de ser puestos en libertad.
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Se espera que los venezolanos sean transportados al centro de detención de migrantes en el helipuerto de Chaguaramas -noroeste de Trinidad- este jueves 26 de noviembre para cumplir su cuarentena y que luego sean puestos en libertad.
En la vista de la noche del miércoles el equipo legal de los migrantes alegó que las acciones de los funcionarios del Estado al deportarlos el domingo, violaban sus derechos constitucionales a la libertad, la protección ante la ley y el derecho a la privacidad y la vida familiar que están garantizados a cualquier persona dentro del país, incluidos los ilegales.
También alegaron que la acción violó varios tratados internacionales y la Política Nacional de Atención de Refugiados y Asilo, que fue creada en 2014 y no fue abolida.
El grupo ha sido sometido a las pruebas de la covid-19, resultando todos negativo. El caso volverá a ser visto a última hora del viernes 27 de noviembre por la Justicia de Trinidad y Tobago.
En un comunicado, Amnistía Internacional y otras 14 organizaciones que luchan por los derechos humanos han indicado en una carta abierta a Rowley, que el regreso del grupo deportado a Venezuela brinda a las autoridades de Trinidad y Tobago una segunda oportunidad para cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales de brindar protección a las personas que buscan seguridad del peligro.
«Las autoridades ahora deben reunir a los niños devueltos con sus familias sin demora, otorgarles acceso para solicitar asilo, realizar un cribado para determinar si han sido víctimas de trata y brindarles atención médica», dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
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A su vez, remarcaron que los venezolanos están huyendo de graves violaciones de derechos humanos que una reciente Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela designada por la ONU ha declarado que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
«A medida que la crisis humanitaria de Venezuela continúa empeorando, los gobiernos tienen la obligación de ayudar a quienes buscan protección en el extranjero, incluso en medio de una pandemia», afirmó Aviva Shwayder, oficial de comunicaciones de la organización Refugees International.
EFE
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