Caracas. 378 venezolanos migrantes fueron asesinados entre 2017 y 2019 en la frontera entre Venezuela y Colombia, reveló el estudio Sin Dios ni Ley. Análisis de la situación de seguridad en la frontera colombo-venezolana, publicado el lunes 10 de febrero por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
Este centro de pensamiento colombiano atribuye los asesinatos a la escalada de la violencia en la línea fronteriza, que tiene una extensión de 2.219 kilómetros y se convierte en la de mayor longitud que tiene el país neogranadino con una nación vecina.
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“La dinámica de seguridad en la frontera presenta un recrudecimiento de la violencia y el incremento de los escenarios de riesgo tanto para la población migrante como para la población colombiana que reside o transita en esta zona del país”, refiere Pares en el informe.
Añade que este territorio fronterizo se caracteriza “por la concentración de distintos actores armados ilegales, así como por una variedad de mercados criminales que dan lugar a una serie de violencias y disputas que tienen graves repercusiones sobre la población civil localizada allí”.
La Fundación Paz y Reconciliación identifica 28 organizaciones armadas ilegales en la frontera binacional, que se concentran principalmente en los municipios de Norte de Santander y La Guajira, los cuales limitan con los estados Zulia, Táchira y Apure.
En el caso del departamento de Norte de Santander, Pares concluye que la zona de frontera con Venezuela, ubicada en el sector de Villa del Rosario, Cúcuta y Puerto Santander, sigue siendo un fuerte bastión del paramilitarismo y los grupos narcotraficantes.
“También podemos concluir que existe una población objeto en un alto grado de vulnerabilidad y es la población migrante venezolana, pero específicamente las mujeres, niños, niñas y adolescentes frente a delitos como la explotación laboral, la mendicidad, la esclavitud, el abuso y explotación sexual”, agrega.
Subraya además que, aunque en el departamento de La Guajira se encuentran dos puestos de control migratorio: uno terrestre, ubicado en el corregimiento de Paraguachón (Maicao) y otro marítimo, ubicado en Puerto Nuevo (Uribia), existen un sinnúmero de pasos irregulares o trochas, que son utilizados por la población colombiana y venezolana, así como actores armados ilegales.
Este centro de pensamiento colombiano señala que la existencia de estas trochas se ve favorecida por la falta de control de las autoridades judiciales colombianas y venezolanas.
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En el municipio de Maicao identifica aproximadamente 90 pasos irregulares o trochas, entre las que destaca La 80 y La Cortica, por la que se moviliza principalmente migrantes, ya sean pendulares o con vocación de hospedaje en Colombia.
“También pasan víveres, enseres y en algunos casos tránsito de vehículos cargados con contrabando de combustible”, se lee en el informe.
Lee aquí el informe completo de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares)
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