Valera.- En cuatro oportunidades, durante este 2020, cuerpos de seguridad y funcionarios públicos han limitado el ejercicio de comunicadores en el estado Trujillo. Tres de estos casos han sido durante la cuarentena social.
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El primero ocurrió en el municipio Boconó, el 2 de marzo, cuando el locutor Ricardo Berti, fue citado en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) por un comentario emitido en su programa radial en Radio Jardín 103.7 FM. El incidente no pasó a mayores y no lo detuvieron.
El segundo hecho también devino en Boconó, pero este 11 de mayo. De acuerdo a los medios locales, el alcalde, Luis Hidalgo, acusó públicamente al periodista Jair González por llamarlos “ratas», sin tener pruebas.
Debido a esta polémica negada por el señalado y, por presiones políticas, el comunicador estuvo alejado de su programa radial, durante 15 días, pero luego volvió a trabajar.
Borrar material
El tercer caso ocurrió este martes, 19 de mayo, en el municipio Valera, e involucró a reporteros gráficos y periodistas del medio digital, Palpitar Trujillano.
Milton Moreno, Romina Uzcategui y Marcos Villegas fueron abordados por efectivos de las Fuerzas Armadas Policiales del estado Trujillo ( Fapet) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) mientras cubrían un homicidio en el sector Moró.
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“Nos dijeron que por órdenes superiores no podíamos tomar fotos en el sitio del suceso. Nos dijeron que a raíz del caso del traslado de los cadáveres, ningún medio de comunicación podía tener acceso a material de sucesos. Nos pidieron borrar el material y nos dejaron ir», dijo Andrés Briceño, compañero de los afectados.
El hecho más reciente le pasó a un reportero de El Bus TV, en Trujillo, este viernes, 22 de mayo. El periodista, Roger Luna, colocó un papelógrafo con información y tomó fotos como parte de su labor.
En ese momento, efectivos de la Fapet se le acercaron y le pidieron borrar el material. Le dijeron que estaba prohibido “tomar fotos en la vía pública” y lo dejaron marcharse. Ante estos hechos, especialmente en contra de periodistas, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Trujillo, se pronunció en contra.
Jesús Segovia, secretario regional, calificó de arbitrariedad el acto de obligar a borrar material periodístico.
“Este arbitrario, vil, ilegal y abusivo proceder contra el equipo reporteril de Palpitar Trujillano, cometido por esbirros al servicio del régimen, es otro negro y triste episodio de los últimos 21 años en Venezuela. Viles acciones que sufren y padecen quienes ejercen el periodismo independiente, y en consecuencia, defienden la libertad de expresión, de pensamiento y de opinión” manifestó Segovia.
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