Barinas.- Nueve personas, entre ellos un funcionario militar, recuperaron su libertad la noche del 4 de junio de 2019, luego que el tribunal militar que ventilaba sus causas acordó revisar y sustituir la medida privativa de libertad e imponer un régimen de presentaciones periódicas tal como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal.
Los abogados de la defensa, Jameiro Aranguren y Gustavo Camejo, explicaron que el juez de la causa en el Tribunal Militar Décimo Noveno de Control con sede en Barinitas, mayor José Jaimez Jiménez Briceño, en la audiencia de presentación de los detenidos acordó decretar sobreseimiento por los delitos de instigación a la rebelión, incumplimiento de Régimen Especial de Zona de Seguridad y desobediencia.
El tribunal acordó imponer régimen de presentaciones periódicas a los acusados Yilber Lacruz Mora, Honorato Zambrano Sánchez, Luis Alberto Rodríguez, Elver Peña Peña, José Luis Araujo Blanco, Ronald José Llovera, Francisca Rivero Castro, Joel Alexander Méndez Castro y el alférez de navío Alejandro David Ramos.
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A juicio de los abogados defensores, los procesados “no debieron ser sometidos por este tiempo a una privación en un Tribunal de la jurisdicción militar”.
Aranguren y Camejo recordaron que por los hechos ocurridos el 11 de marzo de 2019 en Ciudad Bolivia, en el 932 Batallón de Caribes “Cnel. Vicente Campoelías”, acantonado en el municipio Pedraza, siguen detenidos en los tribunales civiles más de 11 personas: a quienes les han diferido sus audiencias preliminares en los tribunales de control 1, 4 y 6 del Circuito Judicial Penal del estado Barinas. Tampoco se les permite a los jueces revisar la medidas cautelares solicitadas por delitos menos graves.
Los abogados instaron al presidente del Circuito Judicial Penal, José Luis Cárdenas Quintero, a que permita que dichos juzgadores actúen con la mayor autonomía e independencia que los faculta la ley para tomar decisiones.
“Se trata de personas detenidas injustamente y unos presentan graves quebrantos de salud”, aseguró al defensa.
Consideraron que José Luis Cárdenas Quintero debe observar el hecho ocurrido en una jurisdicción penal militar por unos delitos que se consideran más graves que los que se le imputó y acusó a un grupo de personas en el municipio Pedraza. Además de permitir la celebración de la audiencia y la revisión de las medidas sin ningún tipo de interferencia o perjuicio más allá de lo que consta en los expedientes y en los respectivos actos conclusivos que se presentaron ante los Tribunales de Control.
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