Guanare.- Las organizaciones ciudadanas y de derechos humanos del estado Portuguesa organizan para este viernes 26 y sábado 27 de febrero concentraciones y marchas en distintos zonas de la entidad para exigir justicia ante los tres femicidios ocurridos en menos de 48 horas en los municipios Turén y Araure.
Resalta la marcha de Acarigua Araure, programada por lapso de cuatro horas, entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía del sábado, desde la redoma de Mamanico hasta el centro de la ciudad, bajo el lema «Nos dijeron que no anduviéramos solas en las calles…¡Así que nos vinimos todas juntas!«.
Ana Hurtado, una joven que ha promocionado la marcha de Acarigua a través de redes sociales , exhorta a la comunidad portugueseña a marchar y alzar la voz para lograr que autoridades no dejen impunes los femicidios de Eliannys Andreina Martinez Roñoz (17), Eduarlys Falcón (20) y Carmine Sosa ( 33).
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«Como pueblo herido , como mujeres, exigimos respuesta inmediata ante la situación tan horrible que estamos viviendo con estos crímenes horrendos. Hay un asesino suelto, señores, y no estamos protegidas», dijo la Hurtado.
También se destaca la convocatoria de las jóvenes de Piritu, capital del municipio Esteller, en límites con Turén. Allí , las mujeres se concentran el mismo sábado en las inmediaciones de Los Vikingos ,con pitos y pancartas , para reclamar justicia y pedir un sistema de protección para la mujeres y niñas.
Como antesala a las marchas y concentraciones , la red de mujeres del movimiento Justicia y Libertad, que actúa en Portuguesa, prepara para el viernes 26 una jornada de adhesión al «Manifiesto por la Vida«, para pedir justicia para estas tres jóvenes mujeres que ahora engrosan la lista de las 38 víctimas de femicidio en lo que va de 2021 Venezuela.
María Teresa Piñero, líder de la red Justicia y Libertad, exige que se investigue y se castigue a quienes perpetraron estos crímenes . «Levantar la voz y aexigir condiciones para que hechos tan abominables como estos no se vuelvan a repetir.»
A decir de Piñero, es deber de la sociedad repudiar públicamente este tipo de actos y exigir al Estado que cumpla con su obligación constitucional de garantizar la integridad personal de los ciudadanos y su derecho a la vida.
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