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sábado, 11 mayo, 2024
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Portuguesa | Ejecutivo sancionará a docentes que no se incorporaron a clases a distancia

La autoridad Única de Educación del estado, Alexis Cedres, informó que se comenzarán a abrir procedimientos administrativos a los educadores que no se han incorporado al Plan Cada Familia una Escuela, el sistema a distancia implementado durante la pandemia

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Acarigua.- El Ejecutivo regional comenzará a aplicar sanciones administrativas a los docentes de Portuguesa que no se han incorporado a las actividades académicas 2020-2021, a través de la modalidad a distancia, de acuerdo con declaraciones emitidas por Alexis Cedres, autoridad Única de Educación del estado.

A través de una nota de prensa, emitida el viernes 8 de enero, Cedres exhortó a los docentes a incorporarse al Plan Cada Familia una Escuela, el sistema a distancia implementado durante la pandemia. Este lunes 11 de enero, durante un programa en un radio local, advirtió que a quien no cumpla, se le aplicarán las medidas respectivas.

Indicó que un total de 1.130 escuelas de las 1.504 que funcionan en la entidad, se sumaron al programa distancia desde el primer momento del año escolar en curso; sin embargo, reveló que un 38 % de los docentes -más de 5.000-  se encuentran dentro de la data de trabajadores activos, no se incorporaron a las funciones, en su mayoría en protesta por los bajos salarios que perciben y porque aseguran que no cuentan con las condiciones mínimas para dar clases virtuales.

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«Ya hemos sido demasiado flexibles. Han pasado 4 meses desde que inició el año escolar y una gran cantidad no se ha incorporado a las actividades, por lo que les pedimos que también sean flexibles y cumplan», dijo el funcionario regional.

Las sanciones se aplicarán en primera instancia a los docentes que no se han incorporado a sus labores desde el inicio del año 2020-2021, que arrancó el 5 de octubre, esto por órdenes del Ministerio de Educación.

Rechazó

Las declaraciones de Cedres fueron rechazadas por representantes de la coalición sindical del magisterio portugueseño, quienes precisaron que los docentes no serán sometidos por coacción, mientras estén en defensa de sus derechos constitucionales.

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Pablo Rangel, secretario general de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) en la región, recordó que el conflicto de los educadores tiene más de dos años y durante ese tiempo, el gobierno nacional «ha sido incapaz de sentarse en una mesa de negociación con los maestros para tratar de resolver o dar respuesta a las demandas que se han venido planteado».

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«No vemos acciones por parte del Gobierno para mejorar la situación económica de los profesionales de la educación, que no se puede calificar sino de pobreza, de hambre y desesperanza. Se nos han violentado todos nuestros derechos constitucionales. Y los sueldos de miseria no es lo único,  existe una inexistencia del HCM, seguro funerario, primas de profesionalización, y del incremento de la cesta alimentaria porque  han sido omitido por las autoridades», señaló.

Rangel catalogó las declaraciones de Cedres como una amenaza y una acción de impotencia por no lograr que los educadores se incorporen a sus labores.

«Dice que va apegado a la legalidad cuando si fuese así, de verdad se resolvería la situación de los docentes. Además,  quién es él para usurpar el rol de un tribunal y decidir si puede excluir a los educadores del decreto de inamovilidad laboral», cuestionó el dirigente gremial.

“Los docentes queremos trabajar y cumplir con nuestra función, pero no contamos con las condiciones mínimas y necesarias para hacerlo. La mayor motivación de todo trabajador es la remuneración salarial que recibe por su trabajo, y es público y notorio  que desde hace mucho tiempo, el gobierno nacional incumple flagrantemente el artículo 91 de la Constitución, que garantiza el derecho del trabajador a tener un salario suficiente que le permita vivir con dignidad”, sostuvo por su parte Iván Bravo, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (Site), Iván Bravo.

Asimismo, aseguró que desde hace tiempo, el Ejecutivo ha suspendido el pago a docentes en el estado Portuguesa y también a nivel nacional, sin permitir el debido proceso y el derecho a la defensa. 

Por esta razón, la coalición sindical exhortó a las federaciones nacionales a pronunciarse en torno a esta situación, que va en detrimento de todos los trabajadores del sector educativo, y dieron un voto de censura al representante de la zona educativa de la región. 

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