Representantes de las ONG y líderes sociales piden respeto por sus derechos fundamentales | Foto: Cortesía RJL
Barinas.- Un total de 67 detenciones arbitrarias a ciudadanos por ejercer su derecho a la protesta cívica y pacífica, así como el uso excesivo de la fuerza por los cuerpos de seguridad del Estado, denunciaron el pasado 23 de octubre, en el Ministerio Público de Barinas, representantes de la Red Justicia y Libertad (RJL) el Observatorio de los Derechos Humanos de los Llanos y líderes comunitarios de diversos sectores de la capital barinesa.
El grupo, encabezado por el abogado José Colmenares, de la RJL hizo entrega de un documento basado en el informe trimestral desarrollado por el Observatorio de Derechos Humanos, donde recopilan la vulneración sistemática de los derechos fundamentales en contra de los ciudadanos en la región de los llanos.
El informe también refleja que en la mayoría de los municipios existe deficiencia de recursos como el agua, el gas doméstico, alimentación, recortes eléctricos de más de 6 o 8 horas, interminables y prolongadas colas para surtir gasolina, lo que ocasiona protestas pacificas en diversos sectores de Barinas.
El documento agrega que solo en el municipio Barinas se registraron 38 detenciones arbitrarias a ciudadanos por ejercer el derecho a expresar su pensamiento, a la libertad de prensa y a la manifestación, siendo estos los derechos más vulnerados por el Estado.
También informa del uso excesivo de la fuerza por los cuerpos de seguridad y agrega que la mayoría de las protestas fueron reprimidas por la Guardia Nacional (GN), Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Policía estadal y la policía municipal.
El representante de RJL, abogado José Colmenares, indicó que se mantendrá en alerta ante cualquier hecho que pueda vulnerar los derechos humanos de los ciudadanos y formuló un llamado a las autoridades competentes para que respeten los derechos civiles de los ciudadanos y que garanticen las medidas de seguridad para evitar la propagación de la pandemia COVID-19, para que no se utilice como argumento para detener de manera arbitraria a ciudadanos que han ejercido su derecho a protestar con el objetivo de tener servicios básicos de calidad y tener una vida digna como reza la Constitución.
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