Caracas. Una familia de productores agropecuarios pertenecientes a la Cooperativa La Unión Bolivariana 830 denunció que presuntamente son extorsionados y hostigados por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en el municipio Zaraza del estado Guárico.
Claritza Alvarado, productora, madre de familia y vocera de la cooperativa, explicó este miércoles 6 de enero vía telefónica a El Pitazo que la madrugada del pasado jueves 12 de marzo de 2020 funcionarios del Cicpc llegaron uniformados y encapuchados hasta los predios agrícolas de La Unión Bolivariana 830, en el sector rural Matas Altas, donde supuestamente hurtaron maquinarias y pertenencias de Alvarado y sus familiares.
«Eran funcionarios del Cicpc-Zaraza, llegaron cuando nosotros no estábamos, amarraron a los trabajadores y algunos familiares. Estuvieron cuatro días desvalijando las tres casas donde vivíamos… se llevaron los corotos, neveras, maquinaria, cauchos, tractores, se llevaron todo», contó Alvarado.
Agregó que los afectados denunciaron lo ocurrido ante el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control del Estado, ente que otorgó una medida de protección al menos a 40 personas que integran las familias involucradas. Además, a través del mismo organismo la cooperativa recuperó parte de las maquinarias hurtadas, indicó Alvarado.
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El Pitazo intentó obtener la versión del Cicpc Guárico, ante los hechos referidos por Alvarado. Al respecto, un representante de la institución señaló que el allanamiento en una finca del sector Matas Altas en Zaraza fue parte de un operativo en búsqueda de un hombre señalado por presunto homicidio y otros delitos, quien según aseveró pertenece a la Cooperativa La Unión Bolivariana 830. El vocero de la policía científica prefirió no dar mayores detalles y señaló que una vez capturen al solicitado, ofrecerán una rueda de prensa a los medios de comunicación para explicar lo relacionado al caso.
Alvarado rechazó la supuesta implicación de uno de sus familiares en delitos homicidios y enfatizó que no tienen cuentas pendientes con los organismos de justicia en el país. «Ellos -Cicpc- lo que quieren es justificar lo que hicieron y si en un dado caso ellos iban a investigar algo, no tenían porqué hurtar y hacer lo que hicieron en nuestras tierras y viviendas», acotó.
Mientras tanto, casi 10 meses pasaron desde aquella madrugada del 12 de marzo, que fue un capítulo de terror para los hijos de una cuñada de Claritza y las demás personas presentes, según el relato de la productora agrícola. Al mismo tiempo, aseguró que desde entonces viven bajo la sombra del temor.
«Nos mudamos a unas chozas que quedan hacia adentro, en los terrenos y hay que pasar una quebrada. Queremos regresar y necesitamos empezar a trabajar las tierras, pero nuestro temor es que en cualquier momento ellos -Cicpc- regresen, porque no han respetado la medida de protección que nos dio la Fiscalía», sostuvo Alvarado.
Denuncia en Fiscalía General
El caso antes expuesto es llevado por la Fiscalía Décimo Primera del estado Guárico (expediente MP-106 250-2020), ente presidido por la fiscal auxiliar Yolimar Gutiérrez, quien de acuerdo con el testimonio de Alvarado, no da celeridad a la investigación.
Los representantes de la cooperativa agroproductiva de Zaraza viajaron hasta la sede de la Fiscalía General en la capital del país, Caracas, el pasado 26 de octubre, fecha en la cual entregaron una carta dirigida al director general contra la corrupción, Ángel Fuenmayor. En la misiva denuncian las presuntas violaciones de derechos humanos (DD. HH.) del director de la subdelegación del Cicpc Zaraza, Lisandro Gómez, y funcionarios, sin especificar, de ese mismo organismo policial en la localidad.
«El comisario -Gómez- no ha respetado la medida de protección. Él fue para la casa se tropezó con mi hijo y le dijo que la única manera de dejarnos en paz era que le diéramos cincuenta mil dólares», denunció Alvarado, quien al mismo tiempo responsabilizó al director del Cicpc Zaraza, Lisandro Gómez, por el presunto hostigamiento que vive su familia y de cualquier hecho que pueda atentar contra su integridad física y la de los demás miembros de la cooperativa.
Abandonaron las tierras
Son 1.200 hectáreas las que conforman la zona agroproductiva de la cooperativa La Unión Bolivariana 830, señala Claritza. Añade que en el 2020, debido a todos los atropellos antes expuestos no lograron sembrar maíz y cayó por completo la producción, que en sus mejores siembras superó las 300 hectáreas de maíz amarillo, blanco y sorgo.
Además, subrayó que los terrenos cuentan con 300 vacas de ordeño, las cuales producen un promedio de 300 kilogramos de queso por semana. Sin embargo, esto también disminuyó por el descuido de las tierras y los animales. De 70 cochinos, 20 se perdieron y otros 30 murieron de hambre, acotó Alvarado.
La vocera de la cooperativa La Unión Bolivariana 830, exhortó al Fiscal General de la República, Tareck William Saab, para que se investigue al director de la subdelegación del Cicpc en el municipio Zaraza y los funcionarios del mismo cuerpo de seguridad, por los señalamientos de violación de DD. HH. contra productores agropecuarios de la referida localidad en Guárico.
