14 pescadores fueron asesinados el 29 de octubre de 1988 en las riberas del caño La Colorada del río Arauca, muy cerca de la población de El Amparo, estado Apure. Este jueves, se cumplen 32 años de aquella masacre que enlutó a familias humildes.
El hecho ocurrió durante el gobierno de Jaime Lusinchi. Los responsables de la masacre fueron policías y militares. Los testimonios de los pescadores Wolmer Pinilla y José Arias, que lograron escapar de la emboscada, sirvieron para dar a conocer la historia.
Sobrevivientes de la Masacre de El Amparo visitaron la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público
«Yo como sobreviviente y agraviado espero que el Estado venezolano cumpla con las leyes como es debido, de castigar a los responsables e indemnizar a las víctimas«, declaró Pinilla entrevistado por el periodista Rafael Uzcátegui.
Los efectivos responsables del hecho justificaron la acción alegando que los pescadores eran guerrilleros colombianos que posiblemente estarían preparando acciones en el territorio venezolano, pero las víctimas eran venezolanos sin antecedentes judiciales.
De acuerdo con una nota de Provea, los autores materiales e intelectuales siguen viviendo libres más de 30 años después de planificar un falso enfrentamiento, en el que idearon emboscar una lancha con pescadores en la población de El Amparo.
La actuación de los Tribunales Militares, Consejos de Guerra y Cortes Marciales, es decir, de la justicia militar, operó con un principal propósito: producir impunidad para que los responsables fueran declarados no culpables.
En 1995, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia a favor de los familiares de las víctimas y los dos sobrevivientes ordenando una indemnización para los familiares y lo principal, que se investigara y sancionara a los culpables y responsables.
Transcurridos 24 años desde la sentencia, solo se cumplió con 95% de las indemnizaciones pagadas durante el gobierno de Rafael Caldera y el 5% restante en el gobierno de Hugo Chávez. Ningún gobierno a la fecha ha garantizado una investigación seria.
En octubre de 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por petición del Ministerio Público, anuló la sentencia que en 1998 declaraba no culpables a quienes dieron muerte a los 14 pescadores de El Amparo.
Después de aquella sentencia, no se llamó a los dos sobrevivientes para que declararan ni a las organizaciones de derechos humanos, que desde el conocimiento de la denuncia exigieron castigo para los perpetradores de la masacre.
Con información de Provea.
