Desde principios de año la carretera de entrada a Santa Inés está inundada por el agua del río Santo Domingo. Foto: Cortesía Edgar Serrano.
Barinas.- Los pobladores de la parroquia Santa Inés, en el municipio Barinas del estado homónimo, llevan un lustro sin saber lo que es que les salga agua potable por las tuberías de sus hogares. La comunidad espera una solución que no llega, mientras que las aguas del río Santo Domingo se desbordan por la carretera que da entrada a la población.
Nadie quiere dar nombres para denunciar la situación que viven; no obstante, sí muestran su preocupación ante lo que les acontece, porque consumen agua no tratada proveniente de pozos artesanales que han construido en los solares de sus viviendas.
La situación reviste tal gravedad que los mismos vecinos denuncian que quienes no han podido construir un pozo se abastecen del líquido en una toma que hay por los alrededores de la plaza del pueblo. Esa perforación tiene 90 metros de profundidad y, de acuerdo a estudios de laboratorio practicados, su agua no es apta para el consumo humano. Desde las viviendas se han hecho perforaciones hacia la toma, la mayoría de una profundidad que oscila entre los 10 y 15 metros, y ponen en riesgo la salud de los habitantes de esa pequeña población llanera.
Caso paradójico es el que ocurre con la perenne inundación que se observa a pocos metros de la carretera que conduce a la entrada del pueblo. Durante al menos 10 meses del 2019, la construcción de un terraplén en una de las fincas originó la desviación del cauce del río Santo Domingo, aguas que ahora corren libremente por la carretera e impiden el libre tránsito automotor. El transporte público ya no entra a la población y deja a los usuarios en las cercanías para que caminen hasta sus destinos.
De acuerdo a entendidos en la materia, desde hace 40 años Santa Inés tiene problemas de inundaciones que afectan directamente a caseríos como Madre Vieja, Caroní, San José, Caño de Monte, La Providencia, El Milagro, El Barro, La Costa, Corozal y El Aceituno, pero esta año las inundaciones arrasaron con 15.000 hectáreas de diversos rubros y más de 200 familias.
Los pobladores denunciaron negligencia de las autoridades regionales y municipales para atender la situación desde principios de año; fue después de 10 meses cuando funcionarios de Protección Civil y otros organismos públicos acudieron a ese llamado. Alegaron que no pudieron ir antes porque no tenían cómo movilizarse ni disponían de los equipos necesarios para la solución del problema.
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