Barinas.- Directivos de la Asociación de Productores Rurales del Estado Barinas (Asobarinas), exigieron al gobernador de la jurisdicción llanera, Argenis de Jesús Chávez Frías, que asuma la responsabilidad que le corresponde como gobernante y le ponga coto a las ocupaciones ilegales de fincas, que tienen a los productores contra la pared.
Acompañados de la señora Eva Reyes, madre de Julio César Reyes, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Barinas, José Labrador, Arturo Candemil y José Antonio Espinoza, directivos de Asobarinas, expresaron su preocupación ante las constantes violaciones de los derechos fundamentales de los productores por parte de grupos armados que actúan impunemente y bajo el aparente amparo de funcionarios del gobierno que se hacen de la vista gorda ante esos atropellos cada día más acentuados.
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Labrador se refirió específicamente al caso de la ocupación arbitraria e ilegal de la finca Doña Rosa, ubicada en la vía a El Toreño, municipio Barinas del estado homólogo, a la cual 12 hombres armados, luego de reventar el candado del portón de la entrada, el pasado 9 de enero tomaron las instalaciones de la finca bajo una supuesta expropiación sin poseer ningún tipo de documentos oficiales del Instituto Nacional de Tierras, único ente autorizado para efectuar esos desalojos.
Entre otros derechos, a Eva Reyes le violaron su derecho al hogar, porque ella pernocta en esas instalaciones, el libre ejercicio económico y el del patrimonio que comparte con sus hijos y nietos en una sucesión debidamente registrada, producto de la herencia que le dejó Javier Gutiérrez, su difunto esposo. En su intervención, Reyes calificó como un hecho insólito lo que le ocurre por ser la madre del diputado Julio César Reyes. “Es una retaliación política”, afirmó.
Doña Rosa es una finca altamente productiva. El 7 de enero fue visitada por Luis Martínez, Luis Soteldo y Mariela León, quienes se identificaron como funcionarios del Instituto Nacional de Tierras (Inti) y le notificaron el inicio de una acción administrativa en contra de su propiedad. Tampoco presentaron ningún oficio y documento que certificara el procedimiento administrativo que consistió en el recorrido a la propiedad y el conteo de los animales.
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En esa oportunidad les confirieron un plazo de ocho días para que el abogado de la familia presentara los alegatos y argumentos que demostraran la propiedad privada de las tierras, no obstante, a menos de 48 horas una docena de hombres armados que dijeron pertenecer al frente campesino Josefa Camejo, tomaron por asalto las instalaciones de la finca “por órdenes de arriba”.
A más de 10 días del asalto a mano armada, Eva Reyes ni ninguno de sus hijos o nietos ha podido entrar a su propiedad. Solo queda un empleado de su confianza dentro de las instalaciones porque al resto de personal lo echaron. Desconoce si en la finca están realizando labores de ordeño y otros trabajos típicos de una unidad de producción ganadera.
