Según la ONU más de 1700 niños se han desplazado forzosamente junto a sus familias por el conflicto armado
San Fernando de Apure.- La Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna) ha hecho peticiones concretas al gobierno venezolano, emplazando a cumplir con su obligación de garantizar la protección prioritaria y especial a los niños, niñas y adolescentes (NNA) que habitan en La Victoria, Tres Esquinas, Arenales, Sector el 8 y Guafitas, zonas del estado Apure donde se desarrolla, desde hace más de 10 días, el conflicto armado entre grupos irregulares y funcionarios militares, que ha obligado a familias enteras a abandonar sus hogares y desplazarse a otros lugares.
En un comunicado difundido la noche de este miércoles 31 de marzo, la Redhnna advierte que los enfrentamientos en Apure, y sus efectos, se suman a las múltiples violaciones a los derechos que los niños, niñas y adolescentes y sus familias padecen, debido a la emergencia humanitaria compleja instalada en el país desde hace más de cinco años y a las consecuencias de la pandemia por el COVID-19.
Entre los riesgos más evidentes para este grupo están huir de sus comunidades y realizar un cruce de frontera para buscar ayuda y protección «que su país no les garantiza de forma plena y efectiva», de una manera desprotegida y amenazando sus vidas. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) Colombia, el conflicto armado ha ocasionado el desplazamiento forzado de al menos 4.700 personas, 1.400 familias y 1.700 son niños, niñas y adolescentes.
Las exigencias concretas de la red hacia el Estado venezolano son:
1.- Garantizar que la actuación militar y policial en la zona cumpla con la normativa de respeto de derechos humanos, así como la protección prioritaria de la población civil, específicamente de niñas, niños y adolescentes, y que cesen los operativos bélicos para perseguir y reprimir a la población residente de estas comunidades.
2.- Promover acciones a partir de las cuales sea posible plantear negociaciones que apunten al cese del conflicto armado en el menor tiempo posible.
3.- Crear los mecanismos seguros para el retorno de la población venezolana que ha huido con base en el derecho internacional humanitario y con respeto a su dignidad personal.
4.- Adoptar todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todas las niñas, niños y adolescentes víctimas de esta situación.
5.- Exigir a las autoridades de Colombia cumplir con su mandato de protección internacional a los niños, niñas y familias que fueron desplazadas producto del conflicto armado y se les garantice el estatus de refugiado con los derechos y garantías que dicho estatus implica.
La ONG manifestó, además, su preocupación ante la denuncia hecha por el canciller de Venezuela Jorge Arreaza, en la que asegura que en la zona del conflicto se han colocado minas antipersonas. Así como también, la incorporación al enfrentamiento de funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), considerando que no ha sido la mejor decisión por parte del Estado «generar oportunidades para pacificar el lugar con medidas y acciones que promuevan el cese del conflicto y el retiro de los grupos armados irregulares actuando en el territorio».
Convenios
La organización señala que al estar Venezuela suscrita a la Convención sobre los Derechos del Niño, de su Protocolo Facultativo para la Protección de Niños en conflictos armados y de otros tratados de derechos humanos, el Estado debe manejar con extrema precaución el enfrentamiento en la frontera con Colombia entre grupos armados irregulares y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).
Además, advierte que le corresponde al Gobierno nacional garantizar la protección de la población civil, brindando cuidados y asistencia especial a la niñez como población con mayor riesgo de ser víctima de daños, lesiones, extorsión, reclutamiento, secuestro, explotación sexual, represión, detención arbitraria, persecución y otras formas de violencia por parte de funcionarios.
«Expresamos nuestra solidaridad y apoyo a toda la población de Apure, pero particularmente a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, a quienes acompañamos en esta situación tan dolorosa. Nos comprometemos a seguir exigiendo que los Estados asuman sus responsabilidades de protección humanitaria y de atención a las necesidades de salud, alimentación, refugio y bienestar general de las familias desplazadas», expresa el texto difundido.
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