Irma Mendoza se pronuncia en nombre de los pensionados de Portuguesa | Foto Portuguesa Reporta.
Guanare.- Los adultos mayores y las personas en situación de discapacidad planean protestar el próximo 9 de marzo en las adyacencias de las oficinas regionales del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales ( Ivss). La protesta tiene como fin exigirle al gobierno de Nicolás Maduro el aumento de las asignaciones por pensión, calculadas a la fecha en 1,5 dólares.
La presidenta en Portuguesa del comité de derechos humanos para la defensa de pensionados y jubilados, Irma Mendoza, informó este lunes, 14 de febrero, mediante un comunicado oficial que ya se agotaron las vías de la conciliación para exigir las reivindicaciones por la vía de la emisión de oficio y de entrevistas personales con las autoridades.
«Ahora vamos a una acción conjunta de protesta cívica pacífica y constitucional, de carácter nacional, simultánea en cada estado frente a las sedes administrativas regionales del Ivss, con la única exigencia al Ejecutivo nacional de homologar la pensión al costo de la canasta básica familiar, como lo establece la Constitución nacional en su artículo 91″, argumentó Mendoza.
La dirigente de los pensionados en Portuguesa explicó que la acción de protesta que organizan para el venidero 9 de marzo se justifica porque cerca de cinco millones de adultos mayores no aguantan recibir de manera sistemática, especialmente a partir del 2013, una asignación insuficiente, cuyo monto se ha mantenido desde octubre de 2021 en 7 bolívares mensuales, equivalentes a 1.5 dólares.
Además, señaló que protestarán por el impago de la pensión a más de 15.000 pensionados venezolanos en el exterior desde hace más de 6 años. «Esta es una violación a los convenios internacionales que rigen esta materia, a la propia Constitución nacional y a la Ley de los Seguros Sociales», acotó.
Según Irma Mendoza, mediante su insensible política salarial, el Gobierno condena a los adultos mayores y personas con discapacidad a padecer un estado de pobreza extrema y a un proceso de exterminio por privación de alimentos y medicinas. «Este es un delito de lesa humanidad, calificado así por el Estatuto de Roma, de acuerdo con el artículo 7, literal b, en un contexto agravado por la pandemia del COVID-19 y por la hiperinflación galopante», señaló .
La dirigente de los pensionados destacó que harán valer ante la Corte Penal Internacional el delito de exterminio a que son sometidos los adultos mayores y personas con discapacidad.
Expuso que harán un llamado al fiscal de esa Corte, Karim khan, para que de oficio abra una investigación sobre las denuncias de adultos mayores fallecidos por inanición y por falta de medicamentos, visibilizadas en diferentes medios de comunicación y redes sociales. Citó el caso de los hermanos Silvia y Rafael Sandoval, de 72 y 73 años de edad, encontrados muertos por el Cuerpo de Bomberos en su apartamento ubicado en Puente Hierro, Santa Rosalía, Caracas, el 30 de octubre de 2020.
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