Vito Vinceslao, presidente de la Cámara de Comercio Industrias y Servicios del estado Apure | Foto: Cortesía Vito Vinceslao
Apure.- Vito Vinceslao, presidente de la Cámara de Comercio Industrias y Servicios del estado Apure, informó este jueves 15 de octubre, que 75% del sector comercial en el estado reporta pérdidas económicas, irrecuperables, a causa de la crisis económica y social, así como por el nuevo esquema de trabajo implementado por el gobierno de Nicolás Maduro, ante la pandemia del COVID-19.
Rechazó que el gobierno continúe llevando a cabo fiscalizaciones, a través de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela (Sundde) y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), durante la cuarentena radical, porque a su juicio, van en detrimento del desarrollo del estado Apure.
Vinceslao expresó que ambos entes del gobierno exigen a los dueños de los establecimientos comerciales, dedicados a la venta de alimentos y artículos de primera necesidad, la documentación necesaria que avale la jornada laboral, durante este período especial, pese al Decreto de Emergencia Nacional, ante la propagación del COVID-19.
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“Estas fiscalizaciones durante la pandemia son contraproducentes para el comercio y el productor nacional, terminan golpeando y dañando la economía del estado Apure, durante el plan de trabajo 7+7, exigido por el gobierno. Venimos de una crisis política, económica y social a lo cual se le suma la pandemia”, dijo.
A juicio del también exvicepresidente de Consecomercio, las instituciones gubernamentales, “siguen reprimiendo los comerciantes que tratan de sobrevivir ante esta crisis para poder ofrecer bienes y servicios a la población”. Dijo que ante esta realidad, muchos comercios, se han visto obligados a transformarse y cambiar de rubros para poder mantenerse en pie”, expresó.
Para Vinceslao, el nuevo esquema de trabajo (7+7), se traduce en pérdidas financieras, para los sectores productivos, durante la pandemia del COVID-19. Exigió a las instituciones encargadas de las fiscalizaciones, respetar a los comerciantes, porque son garantía de desarrollo, progreso y bienestar, para el estado Apure.
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