Guanare. Cerca de 200 personas, que conforman un grupo de 32 familias, viven desde hace tres meses como refugiados en un edificio a medio construir y abandonado por la Misión Vivienda Venezuela en el complejo urbanístico La Granja, en Guanare.
La vida de niños y adultos en esa estructura es insalubre y riesgosa.
El edificio, de dos torres con 16 apartamentos cada una, no cuenta con instalaciones sanitarias, servicios de electricidad ni agua. Tampoco con frisos, puertas, ventanas ni pisos.
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La estructura, abandonada desde hace más de siete años, luce mohosa en medio de malezas altas y lagunas que son depósitos de zancudos.
Las 32 familias refugiadas se consideran en extrema pobreza y rechazan el calificativo de invasoras.
Alegan que decidieron ocupar temporalmente el edificio porque no tienen vivienda propia ni recursos económicos para pagar un alquiler, que en Guanare se cobra en dólares.
«No somos invasores de oficio, sino personas necesitadas de un techo propio«, declaró Claudimar Hidalgo, una de las embarazadas que habita el inmueble junto a niños , muchos de ellos con discapacidad física.
Los apartamentos del conjunto habitacional sin culminar estarían preadjudicados a 128 familias, de acuerdo con versiones extraoficiales del Banco Nacional de la Vivienda.
Pero los refugiados aseguran que muchos de los beneficiados viven cómodamente en otro lugar o hasta se han marchado del país.
Los refugiados piden al Gobierno que los incluyan en la adjudicación o que los reubiquen en otro sitio digno.
«Queremos prioridad, que nos ayuden, tal como lo contempla la Constitución», destaca Hidalgo.
«Estamos dispuestos a irnos a otro lugar, pero no a un terreno abandonado y alejado donde nuestra situación en vez de mejorar sea peor”, dijo al rechazar la pretensión del Banavi de ubicarlos en una parcela rural del municipio capital.
Kenny González y su familia vienen de Caracas. Hace un mes llegó al refugio, luego de pasar más de 15 días viviendo en el terminal de pasajeros junto a Génesis, su esposa, y su hija de dos años.
González contó que necesita un techo y agradece que sus compañeros le tendieron la mano. Dijo que dormían en cartones y a la intemperie. En ese lapso perdió a su bebé de escasos meses de gestación.
Como todos los que ahora habitan en la estructura vencida en La Granja, los González aspiran a que el gobernador Rafael Calles y el alcalde Oscar Novoa oigan sus exigencias.
«Queremos techo y vida cónsona con el ejercicio de nuestros derechos humanos», sentenció.
Frangelis Colmenarez conforma una familia en riesgo.
Tiene un niño con discapacidad, de seis años, y uno de siete que aún no va a la escuela. Y espera otro bebé.
Se manifestó desesperada con la situación que vive. «Aquí no estamos seguros y tampoco contamos con la bolsa Clap: somos una especie de fantasmas que esperan un amanecer incierto».
La mujer informó que les han dicho que hay un terreno para ellos, «pero es una laguna enmontada que no tiene nada, igual que este edificio; aunque este tiene techo y paredes».
«Lo que vivimos es un riesgo. Que no se crea que estamos aquí por gusto. Estamos aquí por necesidad: no es sabroso tener que hacer las necesidades fisiológicas en el monte y sobre pantano», señaló.
Yurkelis Rodríguez es una mujer campesina. Tiene seis niños y siente que el Gobierno no los toma en cuenta.
Dice que se ha inscrito en todas las misiones que promueve a Nicolás Maduro con el propósito de lograr una vivienda, sin haberla obtenido hasta ahora.
«Es mi derecho y me lo niegan, perjudicando a mi familia», afirmó.
La condición de Rodríguez es igual a la de Claudimar Hidalgo, quien se empeña en ser la voz de todos en los despachos oficiales. Sus luchas son para que los reconozcan como sujetos de derecho.
«No es solo la vivienda, es la comida, el trabajo, la salud, la vida», refirió Hidalgo, al dejar en claro que si llega la medida de desalojo la enfrentarán con firmeza.
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