Entre enero y febrero ocurrieron 20 muertes violentas en la región, según informó el coordinador de la OVV Trujillo | Foto: María Gabriela Danieri
Valera.– El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), capítulo Trujillo, presentó un balance de las muertes violentas ocurridas entre enero y febrero en la región. El pasado 25 de marzo Johnny Humbría, coordinador de esta organización en el estado, facilitó la información, según la cual 20 personas perdieron la vida en estos primeros meses de 2021.
De acuerdo a este registro, los asesinatos ocupan el primer lugar de la lista con nueve víctimas, que representan el 20% de las muertes violentas. La mayoría fueron atacados con armas de fuego por grupos de delincuencia organizada, especialmente aquellas que operan en el Eje Panamericano del estado y mantienen estos espacios como zona roja.
Humbría mencionó entre las víctimas a Ronald Baez Medina (31) del municipio Miranda; Mauro Moreno Castellanos (70) del municipio Escuque; Juan Ramón Chirinos (77) y Liliana Sugeidy Becerra González del municipio Andrés Bello; y Javier Morillo Cañizalez (28) en La Ceiba.
Además, la organización registró los infanticidios, de dos niños de 2 y 4 años de edad, ejecutados por padres en los municipios San Rafael de Carvajal y Sucre. Uno de ellos con un arma de fuego.
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En segundo lugar está la cifra de muertes por presunta resistencia a la autoridad, que representan el 17,7%. Entre los asesinatos por policías y otros cuerpos de seguridad, la OVV mencionó a Mario José Contreras Espinoza (27) en Valera; Jean Carlos Venegas Andrade (30) en Pampán; y Miguel Aguilar Núñez (24) en Candelaria.
En tercer lugar se contabilizaron tres muertes bajo la clasificación de averiguación, pues la causa de su defunción aún es investigada. Este tipo de casos representan el 6,6% del total de muertes violentas y se menciona entre ellos el hallazgo de cuerpos en descomposición o sin identificación en Valera, Motatán y Boconó.
El coordinador aseguró que pese a la continuidad de la cuarentena por el COVID-19, la cual ha venido a incrementar la crisis política, social y económica del país, los grupos delictivos y quienes se dedican al crimen se han ingeniado mecanismos para continuar su control sobre ciertos territorios.
En ese sentido, Johnny Humbría sugirió que la vía para disminuir su acción es diseñar e implementar un nuevo modelo de políticas públicas de seguridad.
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