San Cristóbal.- 70% del personal de profesionales de la Universidad de Los Andes (ULA), núcleo “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez”, y al menos 280 empleados de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) entre obreros y docentes, han renunciado durante los últimos tres meses de este año, producto de los bajos salarios que perciben y la falta de transporte público.
Ante esta situación, trabajadores de ambas universidades y de la Universidad Pedagógica Rural Gervacio Rubio (Upel), así como de educación media, realizaron una asamblea en la sede de la ULA Táchira para definir las acciones a seguir, así como también discutir el contenido de un recurso que introducirán ante la Defensoría del Pueblo, exigiendo mejoras salariales, por cuanto el sueldo que perciben está en los niveles de pobreza extrema establecidos por el Banco Mundial, por debajo de 1.90 dólares.
Douglas Barboza, presidente de la Asociación de Profesores de la ULA, indicó que este jueves iniciaron el proceso de consulta sobre el contenido del escrito, que pretenden introducir en aproximadamente 15 días, después de que se haya discutido a nivel nacional, para que las acciones sean de manera conjunta.
“El salario que nos cancela el gobierno nos ubica en los niveles de pobreza, según los criterios económicos internacionales, devengamos un salario que no es suficiente para satisfacer nuestras necesidades básicas, para alimentarnos, cubrir requerimientos de salud, vestido, por ello por los tratados internacionales suscritos por Venezuela, que son vinculantes a la Constitución de la República, vamos a interponer previa consulta en los subsistemas de educación media y universitaria, este recurso para solicitar que la Defensoría del Pueblo tome medidas que restituyan nuestro estado de derecho y que no tengamos un salario por debajo de 1.90 dólares”, expresó.
280 trabajadores en tres meses
El presidente de la Asociación Sindical de trabajadores universitarios y profesionales de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), Jorge Mora, indicó que es tal la crisis que al menos 280 trabajadores de dicha casa de estudios, entre personal docente, administrativo y obrero, han renunciado a sus cargos durante los últimos tres meses del año, ya sea para irse del país en búsqueda de mejor calidad de vida, o para dedicarse a otras labores que les generen más ingresos.
“La comunidad universitaria está decidida a salir a la calle a defender nuestros derechos. La universidad vive el peor momento de toda su historia, empezando por estos sueldos que nos están asignando, que derrotan la calidad de vida. La universidad está funcionando por cariño, por amor, porque la queremos y valoramos, vamos a hacer valer nuestros derechos. No tenemos salud, transporte, carro, alimentos, porque el sueldo que tenemos no abarca ni la cuarta parte de la cesta básica. Estaremos en la calle cuando sea, porque ya estamos cansados”, agregó.
Por su parte, la secretaria del Sindicato de Profesionales de la ULA, Olga Soto, manifestó que hay deserción no sólo de estudiantes, sino también de empleados, obreros y personal profesional. En estos últimos las renuncias han sido de un 70% en lo que va de año, y los pocos que quedan no pueden llegar a diario a cumplir sus labores por la escasez de transporte público, los altos costos del pasaje y los bajos salarios.
Ante esta situación el sindicato de trabajadores está tomando medidas como es establecer un nuevo horario, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, tres veces por semana. “Se han tomado medidas porque no se puede venir todos los días de la semana debido al aumento del pasaje, no se le puede decir a un empleado o a un obrero que llegue todos los días a las 7 de la mañana y que se vaya a las 4 o 5 de la tarde, se busca que vengan dos o tres veces a la semana, en horarios de 8 de la mañana a 12 del día, es la única forma porque además ni se consigue efectivo para pagar un pasaje”, dijo.
Precisó que el personal universitario busca trabajar medio tiempo como taxistas, comerciantes informales, limpiando jardines, en limpieza de viviendas, para evitar pasar hambre y ayudar a sus familias.
Aunado a ello precisó que la falta de envío de recursos para mantenimiento, tiene la infraestructura de la ULA en pésimas condiciones.
“Es inadmisible”
Rómulo Bastidas, tesorero de la Universidad de Los Andes Mérida y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación de Profesores de dicha casa de estudios, indicó que no pueden permitirse las universidades admitir ni el intento de violación de la autonomía universitaria, con llamados a elecciones por parte del gobierno, ni tampoco la eliminación del bono de compensación salarial.
“Es una tropelía que atenta contra los ya menguados y pírricos salarios, esto es inadmisible, de aquí debemos salir con una posición unánime en contra de este gobierno que se encarga de violar la ley y tomar decisiones que van contra la tragedia humanitaria que estamos viviendo, que establece que 5 millones de venezolanos están en hambruna”.
Destacó que el salario docente de 2 dólares diarios no se compara con países en pobreza extrema como Cuba y Haití, en donde perciben más recursos, por ellos insistió en que la universidad no aguanta más sin exigir lo que le corresponde.
