San Cristóbal.- Este lunes se cumplen cuatro años del cierre de la frontera entre el estado Táchira y el Departamento Norte de Santander, Colombia, decretado por Nicolás Maduro la noche del 19 de agosto de 2015, que ha generado de acuerdo a balances presentados por conocedores del área pérdidas millonarias, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
La gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, indicó que a la fecha las pérdidas económicas generadas por el cierre de frontera pasan de millones de dólares, que han dejado de ingresar al fisco nacional y al fisco regional por tener las aduanas cerradas. “Millones de dólares que deben estar destinados a la vialidad, a la salud y a las escuelas, y hoy están destinados al bolsillo de muchos intereses personales y de muchos funcionarios de las Fuerzas Armadas que permiten este tipo de delitos, corrupciones, contrabando por las trochas”.
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Indicó que esto ha generado la instalación de contenedores sobre los puentes que obstruyen el canal humanitario que debe estar habilitado para las ambulancias, para los vehículos fúnebres de los venezolanos que mueren afuera y deben ingresar al país para su sepultura, obstruyéndose además la economía formal. Destacó que no hay soluciones judiciales de las violaciones de derechos humanos de los miles de tachirenses que fueron vulnerados en la zona de seguridad fronteriza, en donde se permitió la construcción de viviendas y escuelas, que luego fueron destruidas.
“Impunidad nacional e internacional”
Por su parte el diputado jubilado a la Asamblea Nacional y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, quien ha realizado denuncias en Venezuela, en Colombia y ante la Corte Penal Internacional (CPI) sobre lo ocurrido con los desplazados y deportados a raíz del cierre de frontera, manifestó que este hecho se convirtió en una “gran impunidad nacional e internacional”.
Indicó que de acuerdo a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Unerd), y del Registro Único de Damnificados (RUT), durante el inicio del cierre de frontera, fueron víctimas de deportaciones forzosas, desplazamientos y destrucción de sus viviendas más de 22 mil 200 víctimas.
«Fueron víctimas no solo de la represión del gobierno de Nicolás Maduro sino de la impunidad en Venezuela, la impunidad en Colombia y en la CPI. Debemos recordar que luego de las deportaciones forzosas en agosto de 2015 se investigó y documentó este hecho, se consignó una denuncia ante la Fiscalía del Ministerio Público en el Táchira, que fue elevada al Ministerio Público a nivel nacional, quien desestimó todos los argumentos y lo envió a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), instancia que en octubre de 2016 cerró esa investigación», expresó.
Precisó que durante el año 2017 consignó una denuncia en Colombia y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia también cerró esta investigación alegando que Nicolás Maduro tenía inmunidad y privilegios como jefe de Estado, cuando el Estatuto de Roma de la CPI prohíbe beneficios para quien cometa crímenes de lesa humanidad.
«Por su parte la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, de manera negligente e irresponsable también desestimó los argumentos, por lo tanto un hecho que es público, notorio y comunicacional de las deportaciones forzosas como lo estableció una sentencia de la Corte Constitucional colombiana, se convirtió en una gran impunidad nacional e internacional, por lo que al cumplirse estos cuatro años estamos exigiendo justicia y la reapertura de la frontera”, añadió.
Destacó Márquez que acudirá en el mes de septiembre a la sede de la CPI en La Haya a consignar nuevas pruebas sobre lo que ocurrió en aquel tiempo y lo que sigue ocurriendo en la frontera, a raíz del cierre del paso por los puentes internacionales.
Siguen los grupos irregulares
La diputada a la Asamblea Nacional por el Táchira, Karim Vera, recordó que el cierre de agosto de 2015 se realizó con la excusa de que había presencia de grupos irregulares, pero acotó que a cuatro años ha aumentado el ingreso y la acción de grupos al margen de la ley del lado venezolano de la frontera, sin que exista una acción contundente de las Fuerzas Armadas.
“Nosotros desde la Asamblea Nacional hemos venido exigiendo la apertura de los pasos oficiales para la reactivación del comercio binacional, para reactivar el intercambio comercial y el fluido de tráfico vehicular con total normalidad, para reactivar esta zona que solo sirve como zona de escape para los venezolanos que buscan mejor calidad de vida”, añadió.
Destacó que la frontera colombo- venezolana fue la más activa de América Latina, pero ahora ha mermado su fuerza por la presencia de grupos irregulares, la salida de más de 4 millones de venezolanos, y la negativa de reactivación del intercambio comercial.
