Mérida.- El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) presenta este viernes, 4 de diciembre, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) la síntesis de un informe sobre las violaciones de derechos humanos cometidas contra cerca de 450 fiscales del Ministerio Público de Venezuela, quienes fueron despedidos entre agosto y noviembre de 2017 por retaliaciones políticas, sin cumplir el debido procedimiento administrativo.
La presentación de estos casos se hace en el marco de las audiencias regionales públicas que se realizan de forma virtual desde ayer, 3 de diciembre, y hasta el próximo 15 de diciembre, en cumplimiento del 178° Período Ordinario de Sesiones de la Cidh. La audiencia en la que participa el ODH-ULA es sobre la situación de las fiscalías en la protección de los derechos humanos en la región.
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«El ODH-ULA ha documentado las destituciones por retaliaciones políticas y hecho seguimiento a los procedimientos de elección de los nuevos fiscales de la República, los cuales demuestran ausencia de autonomía, independencia y transparencia, pilares que deben ser fundamentales en la actuación del Ministerio Público y de todas las instituciones del Estado. Lo observado evidencia la situación de las fiscalías del país en materia de protección de los derechos humanos», indica una nota de prensa del observatorio de la ULA.
Despidos masivos con Tarek William Saab como fiscal
En agosto de 2017 la recién constituida Asamblea Nacional Constituyente (ANC) designa a Tarek William Saab como el nuevo Fiscal General de la República, tras la destitución de Luisa Ortega Díaz. Cientos de fiscales de todo el país mostraron públicamente su apoyo a la exfiscal y su rechazo a la ANC, a través de protestas en las calles.
«Tarek William Saab asumió el cargo con la destitución masiva y sin cumplimiento del debido proceso de cerca de 450 fiscales en todo el país, entre agosto y noviembre de 2017, por el hecho de manifestar su desacuerdo con la convocatoria a una ANC y, en algunos casos, respaldar a Ortega Díaz. Algunos de los fiscales destituidos que quisieron salir del país denunciaron la anulación de sus pasaportes», denuncia el ODH-ULA.
Además de las destituciones masivas, el observatorio de la ULA señala irregularidades en la designación de los nuevos fiscales que suplieron esas vacantes. Algunos de los funcionarios designados no están calificados para esos cargos y su ingreso al Ministerio Público no se realizó cumpliendo el debido procedimiento administrativo.
«Algunos de los nuevos fiscales ya ocupaban otros cargos de la administración pública al momento de su designación, como policías, notarios, registradores públicos e incluso defensores del pueblo. Saab también removió de sus cargos a directores del MP, incluyendo a Santa Palella Stracuzzi, directora de la Escuela Nacional de Fiscales, así como a los profesores y facilitadores de esa Escuela», dice la nota de prensa del ODH-ULA.
Modificaciones irregulares a la legislación
En el año 2014 una controversial interpretación del artículo 279 de la Constitución por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) permitió a la Asamblea Nacional (AN) de entonces hacer la designación por mayoría simple de los máximos representantes del Poder Ciudadano, resultando reelecta Luisa Ortega Díaz como Fiscal General de la República para el período 2014-2021.
Así mismo, en septiembre de 2018 se publica en Gaceta Oficial la Resolución Nº 2.703 que estableció la reforma del artículo 3 de la Ley del Estatuto del Ministerio Público. A partir de entonces todos los funcionarios de carrera que prestan servicio en la Fiscalía son considerados personal de confianza, es decir, que sus cargos son de libre nombramiento y remoción.
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De igual forma se imponen sanciones disciplinarias por no acatar instrucciones superiores. Esta reforma eliminó el régimen de carrera para los funcionarios de este Ministerio.
El ODH-ULA participa en esta audiencia junto a otras organizaciones defensoras de derechos humanos que representan a 12 naciones de la región, las cuales exponen la situación de los mismos en las fiscalías de sus respectivos países.
