Mérida.- El gobernante Nicolás Maduro anunció que a partir del 16 de septiembre comenzarán a crearse las condiciones para el regreso a clases presenciales en Venezuela. Al respecto, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) detalló en una nota de prensa publicada ayer, 9 de septiembre, las condiciones mínimas que se necesitan en las universidades para la vuelta a las aulas.
«Para garantizar los derechos educativos de los estudiantes y los derechos laborales de profesores y trabajadores universitarios del sector público, el Estado debe asegurar, al menos, lo siguiente: infraestructuras adecuadas para el desarrollo de actividades académicas, servicios básicos, implementos de estudio, transporte, atención médica, seguridad y salarios justos», dice el ODH-ULA.
Infraestructuras en ruinas y falta de presupuesto
Sobre el estado actual de los espacios universitarios, esta organización informa que es de deterioro y desmantelamiento. En la referida nota de prensa detalla que durante la pandemia por COVID-19, entre marzo de 2020 y agosto de 2021, un total de 347 incidentes de inseguridad se registraron en 16 universidades públicas del país. Estos hechos incluyen robos, hurtos, invasiones y otros actos de vandalismo.
Así mismo, el ODH-ULA recuerda que desde hace al menos 16 años, las universidades públicas del país sufren recortes en sus presupuestos que les impiden funcionar con las condiciones mínimas necesarias. Además, los servicios básicos de agua, luz y telecomunicaciones también fallan constantemente por falta de pago o por su deficiencia.
«En la Universidad de Carabobo (UC), en ninguna de las Facultades de su Núcleo central hay servicio de agua desde hace cuatro años. En la ULA, la mayoría de los baños están deteriorados por robo de piezas, situación que se repite en todas las universidades autónomas», señala el ODH-ULA.
Sin atención médica, seguridad ni sueldos dignos
En un contexto de pandemia, la atención médica debe estar garantizada, apunta el observatorio universitario. En este sentido señala que el Centro de Atención Médica Integral de la Universidad de Los Andes (Camiula) no tiene capacidad para brindar atención por falta de suministros médicos básicos.
En cuanto a la seguridad, el ODH-ULA alerta de que es cada vez más precaria debido a la renuncia masiva del personal de vigilancia en las universidades públicas por los precarios sueldos que reciben. Sobre esto último, la organización resalta que ese es el principal factor que impide el regreso a clases: el salario de un profesor universitario ronda apenas los 10 dólares mensuales.
