Mérida.- El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) denunció en una nota de prensa difundida ayer lunes, 25 de octubre, que el gobierno encabezado por Nicolás Maduro amplía su intervención en universidades autónomas a través de la designación arbitraria de autoridades o de entes con la premisa de restaurar sus instalaciones.
«Con el regreso a clases como excusa, el régimen ha ampliado su ilegítima intervención en las universidades autónomas, llegando incluso a designar a Jacqueline Faría, presidenta de la Misión Venezuela Bella, como “protectora” de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Dicho cargo, que no existe en la legislación nacional, ha sido la figura bajo la cual quienes usurpan el Poder Ejecutivo desvían los recursos que por ley corresponde gestionar a las autoridades elegidas legítimamente para ocupar cargos públicos, desde gobernadores y alcaldes hasta rectores universitarios», señala el observatorio.
El ODH-ULA recuerda en su nota el antecedente ocurrido con la Universidad de Oriente (UDO) el pasado mes de abril, cuando el gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas, anunció que nombraría un «protector» para esa casa de estudios, que ha sido la más afectada por la delincuencia y el vandalismo durante la cuarentena nacional por COVID-19.
En la referida nota de prensa, el observatorio de la ULA rechaza la designación de las tres principales autoridades de la Universidad Simón Bolívar (USB) por parte del Consejo Nacional de Universidades (CNU), por considerarla arbitraria. El hecho ocurrió el pasado 16 de septiembre.
«Desconociendo la legítima opinión del Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar (USB) sobre quién podría ser elegido rector interino de esta institución tras el fallecimiento del Dr. Enrique Planchart (…), designó en ese puesto a alguien que no estaba en la lista de 20 nombres propuestos por las autoridades de la USB. También nombró a dedo a los vicerrectores académico y administrativo que ocuparán esos cargos de forma interina«, denuncia el ODH-ULA.
La organización universitaria recuerda que en 2019 el CNU, de mayoría progobierno, ejecutó una acción similar al designar a Clotilde Navarro como vicerrector administrativo de la Universidad del Zulia (LUZ), desconociendo la designación hecha por el Consejo Universitario de esta institución en 2018, tras la renuncia de quien ocupaba ese cargo.
El ODH-ULA también rechazó la creación de la Comisión Presidencial para la Recuperación de Espacios en la Universidad Central de Venezuela (UCV), anunciada por el gobierno de Maduro el pasado 2 de julio.
«La mencionada Comisión para la recuperación de la UCV es otro ejemplo de las formas de intervención que el régimen ejecuta contra las universidades luego de asfixiarlas al punto casi de su extinción. El estado de ruina y deterioro en el que se encuentran todas las casas de estudio públicas de Venezuela es consecuencia de la desinversión del régimen, cuyos actores buscan luego figurar como rescatistas de lo que ellos mismos han destruido», aseguró el observatorio.
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