Mérida.- El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) se pronunció en nota de prensa para rechazar la solicitud de investigación penal y de contraloría contra los rectores que conforman la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu).
Dicha solicitud fue hecha por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y publicada en Gaceta Oficial el pasado 31 de julio. La investigación a los 17 rectores que conforman la Averu fue solicitada por el bachiller Miguel Ángel Díaz Reyes, representante estudiantil de las universidades nacionales ante el CNU.
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Dicha solicitud habría sido planteada en una sesión virtual de este organismo celebrada el 30 de mayo de este año, pero las autoridades de las universidades autónomas que forman parte del CNU aseguran desconocer la realización la misma.
En la Gaceta Oficial Nº 41.684, el CNU pide al Ministerio Público iniciar una investigación penal en contra de los rectores «por pronunciamientos públicos en los cuales desconocen el gobierno legítimo y Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros, así como el hecho de profesar y realizar acciones abiertamente hostiles y de conspiración destinadas a desestabilizar el orden constitucional y los poderes legítimamente constituidos”.
Más adelante se solicita a la Contraloría General de la República hacer averiguaciones a los rectores “con motivo del incumplimiento de la presentación de los informes de rendición de cuentas de los recursos correspondientes a las providencias estudiantiles, gastos de funcionamiento y de personal, entre otros asignados”, indica la Gaceta.
Agresiones reiteradas denuncia el ODH-ULA El ODH-ULA rechazó dichas solicitudes por considerarlas “ilegales por su origen, forma y fin, además de constituir una nueva amenaza contra las autoridades universitarias y contra la esencia misma de la universidad, penalizando el pensamiento plural que contempla la Ley de Universidades”, según nota de prensa publicada en su portal web.
Esta organización no gubernamental señala, además, que este tipo de agresiones en contra de autoridades universitarias constituyen una práctica reiterada por parte del gobierno desde hace al menos seis años, de las cuales el ODH-ULA lleva registro en sus informes.
“Desde este Observatorio de Derechos Humanos se rechaza y denuncia lo que constituye una violación a la autonomía universitaria, consagrada en la Ley de Universidades, así como el derecho humano a las libertades de opinión y de expresión”, enfatizan en la referida nota de prensa.
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