San Cristóbal.- El domingo 9 de mayo fueron presentados los médicos Ramón Izarra y Miguel Acuña ante Tribunales por ser señalados de homicidio intencional. Tras la celebración de la audiencia de presentación, fueron privados de libertad por la presunta comisión del delito de homicidio intencional en la modalidad de dolor eventual, según publicó el Diario Frontera.
El ginecólogo y el cirujano general realizaron una histerectomía hace cuatro años y la paciente murió. Aunque el caso estaba paralizado, fue reanudado y ambos galenos quedaron presos.
Según el Diario Frontera, los abogados expusieron una serie de irregularidades ante el juez, como que en el expediente no estaba el acta de defunción de la presunta víctima, no estaban las historias médicas y tampoco había constancia de la participación de los médicos en las intervenciones que tuvo la mujer.
En distintas oportunidades los galenos se presentaron en el Ministerio Público (MP) para ponerse a órdenes de las autoridades, sin que procediera, por lo que la defensa rechaza que haya privativa de libertad, cuando hicieron lo necesario para que el juicio se desarrollara sin que estuviesen en un recinto carcelario.
Médicos solidarios con sus compañeros
El Colegio de Médicos, seccional Mérida, emitió un comunicado en el que rechazaron la detención de dos de sus agremiados. «Rechazamos y condenamos el trato arbitrario, injusto, desproporcionado y malintencionado al que están siendo sometidos los talentos Ramón Izarra y Miguel Acuña. Exigimos la inmediata liberación de los profesionales de la medicina», reseña el escrito.
De igual manera la organización Médicos Unidos de Venezuela, en la localidad, se pronunció respecto al caso de dos de sus compañeros.
«No es correcta la imputación de «homicidio intencional» ya que en el acto médico no hay dolo. Ningún médico opera a alguien con la intención de hacerle daño, toda actividad clínica busca el bienestar y la recuperación de la salud de la persona; sin embargo, siempre lleva consigo un riesgo de complicación, siempre ajenas a la voluntad del médico», dijo Pedro Fernández, director de la organización.
En representación del gremio, pidió a la Fiscalía respetar la presunción de inocencia de los médicos y que se hagan las investigaciones pertinentes «respetándose su integridad y dignidad humana, evitando que sean sometidos a señalamientos injustos y al escarnio público».
