Mérida.- La noche del lunes 4 de mayo de 2020, unos desconocidos a bordo de una camioneta dispararon contra las personas que protestaban durante un apagón en el sector El Campito, de Mérida. Rafael Hernández, de 21 años de edad y estudiante de ingeniería de la Universidad de Los Andes (ULA), fue asesinado en el ataque.
La información del hecho fue difundida en redes sociales primero por periodistas y activistas políticos y sociales. Rafael Hernández fue trasladado en una ambulancia al Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula), pero llegó sin signos vitales. Testigos del hecho dijeron a El Pitazo que la camioneta en que se movilizaban los asesinos no tenía placas y se retiró del sitio sin prisa tras el crimen.
Este hecho ocurrió horas después de que Jehyson Guzmán, designado por Nicolás Maduro como «protector» de Mérida, hiciera un llamado a las «estructuras» del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) a «defender la paz». Este llamado ocurrió en el marco de la detención de un grupo de exmilitares que llegaron a las costas de La Guaira el 3 de mayo, acción que el gobierno de Maduro tildó de intervención y conocida hoy como Operación Gedeón.
«Convocamos a todas nuestras estructuras. Unidades Populares de Defensa Integral (Updi), Brigadas de Paz, milicianos, jefes, jefas de calle, de comunidad y de Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCh) a defender la paz, a activar nuestros mecanismos de inteligencia social», dijo Guzmán, según información publicada por el portal Con el mazo dando.
Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020 se registraron apagones diarios de hasta 20 horas continuas en todo el estado Mérida.
Irregularidades e impunidad
Este martes 4 de mayo, el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA (ODH-ULA) recordó el asesinato de Rafael Hernández en una nota de prensa, donde se denuncia que el crimen permanece impune y que hubo irregularidades en la investigación por parte de las autoridades competentes.
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«Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) llegaron al sitio del asesinato a hacer las pesquisas de rigor pasadas las 9:00 am del 5 de mayo, cuando ya habían transcurrido más de 12 horas del hecho. En ese lapso de tiempo, peatones y vehículos transitaron por el área donde ocurrió el crimen, lo que pudo alterar evidencias. Esta es una irregularidad que dificulta la identificación de los responsables del crimen y da cabida a la impunidad», denunció el ODH-ULA.
Hasta la fecha de publicación de esta nota, el Cicpc no ha informado sobre el curso de las investigaciones de este caso.