Cinco de los seis funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (ONB) fueron absueltos en la audiencia final del juicio por el caso del asesinato de Wuilderman Paredes Moreno. Foto: cortesía ODH-ULA.
Mérida.- Este jueves 22 de octubre tuvo lugar la audiencia final del juicio por el asesinato de Wuilderman Paredes Moreno, cometido el 8 de junio de 2019 en el marco de una cola por gasolina que llevaba más de una semana en los Llanitos de Tabay, municipio Santos Marquina del estado Mérida. El juez del Tribunal Penal de Juicio N° 05 de la entidad, José Gerardo Pérez Rodríguez, dictó libertad plena a 5 de los 6 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) acusados por el hecho.
Sin embargo, la fiscal nacional designada para el caso, María Ginette Córdova, interpuso un recurso de apelación al dictamen del juez. Esta acción traslada la sentencia del juicio a la Corte de Apelaciones del estado Mérida, que debe revisar si se cumplió lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), a fin de ratificar o no la decisión del juez.
La información del dictamen final del juicio fue difundida a través de una nota de prensa este viernes 23 de octubre por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), cuyo equipo jurídico representaba a las víctimas y víctimas por extensión del hecho.
Juan Bautista Cordero Freites, Freddy Bladimir Rodríguez, Daniel Antonio Vivas Albornoz, Junior Enrique Valero Ortega y Erica del Carmen Peña Sánchez son los funcionarios que quedaron absueltos. Cordero era el jefe de la PNB de Mérida cuando ocurrieron los hechos, en los que también resultaron heridos Luis y Gerardo Paredes, primos de la víctima mortal.
Luis Gerardo Vargas es el único funcionario de los acusados que fue condenado, específicamente a 18 años de prisión por el delito de homicidio. «A pesar de que Gerardo y Luis Paredes identificaron durante el juicio a Cordero y Rodríguez como sus agresores, el juez expresó en su dictamen de sentencia que no tenía pruebas en contra de ellos», precisa el ODH-ULA.
Juan Cordero, ejerciendo su rol de comisionado jefe de la PNB cuando ocurrieron los hechos, habría dado la orden a sus subalternos de disparar con armas de fuego de reglamento contra quienes exigían el surtido del combustible. Según lo relatado por las víctimas, Cordero también disparó.
El ODH-ULA denunció que durante el juicio ocurrieron irregularidades y violaciones al debido proceso. «El inicio del juicio fue diferido en tres ocasiones y el tribunal no hizo la debida citación a las víctimas, impidiendo que pudieran nombrar con tiempo una representación legal», detalla la referida nota de prensa.
Además de estas irregularidades, el ODH-ULA denuncia que al comienzo del proceso judicial no fue admitido un recurso de amparo y reparación a las víctimas por extensión del asesinato de Wuilderman Paredes Moreno, que son su madre, María Leonora Moreno; su pareja, Zulibeth Dugarte, y una bebé de menos de dos años de edad, única hija del fallecido.
«Así mismo, el Estado no ha indemnizado hasta la fecha a Gerardo Paredes, cuyas heridas ocasionadas ameritaron la realización de múltiples cirugías y tratamientos post-operatorios», resalta el observatorio.
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Gerardo Paredes, cuyas heridas de bala por poco le quitan la vida y le dejaron secuelas físicas y psicólogicas perennes, manifestó sentirse «burlado» tras el dictamen del juez.
“Para que se haga justicia tenían que haberme matado. Lo que me hicieron me echó a perder la vida, ya no puedo hacer mi trabajo por las heridas causadas, porque yo trabajo con maquinaria pesada. Me siento burlado”, dijo Gerardo Paredes al equipo de prensa del ODH-ULA.
Además, Paredes refirió que el 22 de octubre en la tarde, cuando llegó a su casa tras la finalización del juicio, dos funcionarios uniformados de la Policía del Estado Mérida, a bordo de una moto, se pararon frente a su vivienda y uno de ellos le dijo al otro: “Sí, es aquí”.
La víctima, que vive junto a su esposa y tres hijos menores de edad, manifestó sentir temor por las represalias que puedan ejecutar los policías acusados y que serán puestos en libertad tras la sentencia.
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