El 27 de febrero de 2015 Alcedo Mora Márquez desapareció. Sus hijos aseguran que su padre tenía pruebas de corrupción entre Pdvsa y la Gobernación de Mérida. | Foto: cortesía familiares.
Mérida.- Este sábado 27 de febrero se cumplen seis años de la desaparición forzada en Mérida de Alcedo Mora Márquez, dirigente político de izquierda. Días después también desaparecieron los hermanos Jesús y Eliécer Vergel, de nacionalidad colombiana y amigos de Mora, quien aseguraba tener pruebas de corrupción entre Pdvsa y funcionarios de la Gobernación de Mérida, ente para el que trabajaba.
En 2017 el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) calificó estos hechos como desapariciones forzadas, debido a la presunta implicación de funcionarios del Estado, específicamente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en la ejecución de las mismas.
El Pitazo hizo un podcast sobre este caso para la serie Voces del Desamparo, publicada en 2019.
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Alcedo Mora Márquez fue visto por última vez la mañana del 27 de febrero de 2015. Ese día salió de su casa para reunirse con su jefe directo en la Gobernación de Mérida, Luis Martínez Rico, secretario del entonces gobernador Alexis Ramírez.
El hijo mayor de Alcedo Mora dijo a El Pitazo, para la investigación Voces del Desamparo, que su papá tenía pruebas sobre corrupción y contrabando de gasolina cometidos por funcionarios de la Gobernación de Mérida, con la anuencia de Rafael Ramírez, por entonces presidente de Pdvsa.
Jesús y Eliécer Vergel, por su parte, desaparecieron entre ese 27 de febrero y el 1° de marzo de 2015. Ambos mantenían una relación laboral y de amistad con Alcedo Mora desde hacía varios años. Danny Vergel, una hermana de las víctimas, dijo a El Pitazo, para Voces del Desamparo, que la desaparición de sus hermanos está vinculada a la de Alcedo Mora.
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El ODH-ULA asistió jurídicamente a los hijos de Alcedo Mora en un primer momento. El 13 de mayo de 2015, abogados de esta organización introdujeron el recurso de amparo conocido como hábeas corpus ante el Tribunal de Control número 6 del estado Mérida. Pero el juez de control Hugo Rael Mendoza lo declaró inadmisible, alegando que aún no se había verificado si Alcedo Mora estaba detenido.
Por decisión de los hijos de Alcedo Mora, este caso ahora está en manos de la organización Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea). El 28 de junio de 2016 el caso fue presentado por abogados de Provea ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y expuesto en el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Desde noviembre de 2017, la justicia venezolana no se pronuncia sobre el curso de las investigaciones del caso.
Según el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, publicado en julio de 2019, 135 personas fueron privadas de libertad arbitrariamente entre 2014 y 2019.
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