San Cristóbal. Habitantes de la vía al Parque Nacional Chorro El Indio, ubicado en el municipio San Cristóbal del estado Táchira, denunciaron un ecocidio que se estaría cometiendo en la zona por parte de presuntos invasores, a quienes el Instituto Nacional de Tierras (Inti) les adjudicó unos terrenos para construcción y siembra. Adicionalmente, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) les firmó un contrato el 2 de abril de 2020. La denuncia la hicieron los residentes en una rueda de prensa realizada este miércoles, 10 de junio.
Juan Pablo Patiño, vecino de la comunidad de Loma de Pío, explicó que la deforestación generó que se iniciara un deslave en la zona de la carretera que conduce al Chorro El Indio, específicamente en el kilómetro 2.3, lo que puede generar un deslizamiento de la montaña, pues esta no cuenta con las raíces de los árboles que la sostenían.
“En ese sector se ve cómo hay lavado de la tierra y cómo árboles de raíces grandes han empezado a caer y a deteriorar la zona. El primer problema al que nos estamos enfrentando es el posible deslizamiento de la montaña porque ya no está protegida por las raíces de los árboles grandes”, afirmó.
Patiño precisó que los agrotóxicos que se están usando para los cultivos están contaminando las aguas que pasan no solo por las zonas cercanas, sino también por las poblaciones de Barrio Sucre y Barrio Obrero.
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Pero lo que el denunciante considera más grave es el posible deslizamiento de las torres eléctricas de alta tensión que se encuentran allí, que le dan electricidad a más de 7 millones de personas en Venezuela, según les manifestaron a los vecinos algunos técnicos de Corpoelec. “En cualquier momento nos vamos a quedar incomunicadas más de 2.500 familias que vivimos desde La Acevita hasta Macanillo, porque si la tala sigue se va a venir abajo la montaña”, apuntó.
Patiño precisó que tienen más de dos meses denunciando la situación ante el Ministerio de Ecosocialismo, el Inti, Imparques, la Guardería Ambiental y ante el juez agrario principal del Táchira, quienes han realizado inspecciones, pero hasta el momento no han emitido un documento, restricción o decreto. “Necesitamos que prohíban la tala de árboles y que le den una protección a esa zona, porque San Cristóbal necesita de ese pulmón y del agua que sale de esa zona”, acotó.
246 familias que habitan en la urbanización Acevita también temen que pueda ocurrir una desgracia si se presenta un deslave por la tala de árboles. Freddy Guerrero, habitante del sector, indicó que además les preocupa quedarse sin el servicio de agua potable, pues en la zona hay una toma de agua del Acueducto Regional del estado Táchira.
“Queremos que actúen y busquen a los responsables, porque hay personas que son responsables de ese ecocidio que se está generando. Necesitamos que la Ley Penal del Ambiente actué en contra de ellos; tiene que hacerse cumplir. Queremos una acción responsable para evitar en el futuro una desgracia”, destacó Guerrero.
