Foto: captura de pantalla
Al considerar que sus vidas corren peligro, la familia de Javier Useche, uno de los dos policías cuyos disparos cegaron al joven Rufo Chacón el 2 de julio de 2019, pidió que haya justicia, pues el comisionado tan solo cumplía con su trabajo.
A través de un video en donde se observa a familiares y amigos, aseguraron la inocencia de los dos funcionarios de la Policía del Táchira, quienes actualmente se encuentran detenidos en las instalaciones del mismo cuerpo policial.
“Ellos estaban en una labor social de su trabajo; no salieron a hacer ningún daño a nadie. Eso fue un accidente que pasó. Como han visto en las redes sociales, la mamá de ese niño está pidiendo justicia y nosotros como familia de Javier pedimos lo mismo, porque es un muchacho de buen corazón”, dijo Cristina Blanco, prima de Useche.
Sobre lo ocurrido con el joven Rufo Chacón, quien recibió más de 40 impactos de perdigones en la cara y perdió la vista como consecuencia de ello, insiste en que no fue un acto intencional.
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“Eso que pasó, pasó porque fue un accidente que se presentó y nadie es culpable de nada, las cosas no las dicen en las redes sociales como son, les dicen culpables, culpables y culpables y nosotros lo que pedimos es justicia. Ellos hicieron lo que hicieron porque salieron a hacer su trabajo, no por maldad, sino por lo que se presentó en ese momento”, aseguró Blanco.
Por su parte, Johana Torres, esposa de Javier Useche, se refirió a Adriana Parada, madre del joven, de lucrarse de lo ocurrido con su hijo.
“La mamá de Rufo se hace victimizar por esto y se enriquece. Nosotros también estamos dolidos y también pedimos justicia porque son seres humanos y sus derechos también se deben defender”, aseveró.
La razón del pronunciamiento de la familia obedece a que la defensa del joven Chacón denunció que los uniformados están siendo beneficiados al permanecer en la Policía del Táchira, sitio donde trabajaban. Pide que sean llevados al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), que fue quien tomó el caso, o que los trasladen al Centro Penitenciario de Occidente (CPO), donde les corresponde.
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La familia considera que si son llevados hasta allá podrían correr peligro al encontrarse con presos comunes.
Actualmente están siendo acusados por el delito de homicidio en grado de frustración, por el delito de uso indebido de arma orgánica y por el delito de trato cruel, no solo con Rufo sino con otras cuatro personas que también resultaron heridas, aunque en menor gravedad que Rufo Chacón. Los abogados de Chacón solicitaron que fuese agregado el delito de quebrantamiento de principios y pactos internacionales en materia de derechos humanos, sin embargo el juez lo desestimó.
Aún los funcionarios policiales no han declarado ante el juez sobre lo sucedido en ocasión del 2 de julio de 2019, cuando se registraba una protesta por gas que fue reprimida con bombas lacrimógenas y perdigones.
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