San Cristóbal.- La paralización por parte del Ministerio Público de la investigación penal por los hechos ocurridos en el Alto Apure, a partir del 21 de marzo de 2021, denunció este jueves, 12 de agosto, en rueda de prensa el diputado jubilado de la Asamblea Nacional y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez.
Recordó Márquez que durante los enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional (FAN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) ocurrieron dos hechos conocidos como las masacres de El Ripial y La Capilla, en las cuales fueron detenidas 30 personas, quedando en libertad tres porque nos les fueron imputados cargos, y 27 permanecen recluidas en el área de Procesados Militares del Centro Penitenciario de Occidente, a las órdenes del juez militar de Guasdualito.
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Los detenidos no han sido llevados a declarar, sus abogados no han tenido acceso al expediente ni conocen de algún adelanto por parte de la Fiscalía 62, asignada para el caso, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Caracas, a 1.000 kilómetros de La Victoria.
«Solamente se han limitado a anunciar que van a investigar la masacre de El Ripial. Se ha pedido información en Guadualisto, dicen que no saben nada. Se fue a San Fernando de Apure, dicen que el caso está en Caracas. Se fue a Caracas y los abogados de las víctimas no han tenido acceso, ha habido todo un peloteo. Tarek William quiere aparentar en la Corte Penal Internacional que está investigando los crímenes cometidos en Venezuela, internamente encubre estos hechos y pretende desde Caracas investigar unos hechos que, de acuerdo a testimonio de las víctimas, nunca han sido llamadas a declarar», expresó Márquez.
Destacó que en momento cuando no hay tránsito terrestre ni aéreo, desde Táchira hasta el resto del país, a los familiares de las víctimas se les complican sus traslados. «En un momento en el que no hay vuelos ni a Santo Domingo ni a Guasdualito; el transporte terrestre es costoso, no hay gasolina, hay semanas radicales intermitentes. Es un costo para las víctimas y los familiares trasladarse a Caracas. Es obligación del Estado facilitar las investigaciones”.
Los hechos
Márquez recordó que durante la masacre de El Ripial asesinaron a cinco civiles prisioneros y posteriormente, el 23 de abril, fueron asesinados por las disidencias de las Farc ocho militares quedando otros ocho prisioneros de guerra, siete heridos y tres desaparecidos, lo cual –acotó- no ha sido investigado.
Márquez anunció que por la ausencia de justicia en Venezuela introducirán un documento en la Corte Penal Internacional (CPI) exponiendo lo ocurrido.
