Este 13 de septiembre estudiantes de la ULA, amigos y abogados del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes protestaron frente al Circuito Judicial Penal del estado Mérida para exigir la liberación de Erickvaldo Márquez. | Foto: cortesía ODH-ULA.
Mérida.- Este domingo 13 de septiembre de 2020 se cumplen tres años de la detención de Erickvaldo Márquez, estudiante de Educación Física de la Universidad de Los Andes (ULA), a quien la Fiscalía del Ministerio Público acusa por la muerte de Jesús Leonardo Sulbarán, funcionario de la Gobernación del estado Mérida, quien falleció el 24 de abril de ese mismo año durante el “plantón nacional” convocado por la oposición, en el marco de las protestas sociales registradas en varios estados de Venezuela.
Erickvaldo Márquez se encuentra recluido en el retén ubicado en el sector Glorias Patrias de la ciudad de Mérida, «junto a presos comunes y en condiciones inhumanas», según denuncias del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), cuyos abogados llevan la defensa del acusado.
Un grupo de estudiantes de la ULA, amigos de Erickvaldo y abogados del ODH-ULA protestaron este domingo 13 de septiembre a las afueras del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, exigiendo con carteles y pancartas la liberación del detenido.
Sin embargo, funcionarios de la Guardia Nacional (GN) exigieron a los presentes retirarse del lugar, pese a que los mismos cumplían las medidas de prevención y distanciamiento social ante el COVID-19.
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En un comunicado publicado este domingo, y que suscriben 53 organizaciones defensoras de derechos humanos, encabezadas por el ODH-ULA, se recuerda que Erickvaldo Márquez fue presentado ante el Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal del estado Mérida el 15 de septiembre de 2017, donde la Fiscal Cuarta del Ministerio Público le imputó el delito de homicidio, «sin que existiesen pruebas que determinaran la culpabilidad o implicación en el hecho del acusado», asegura el ODH-ULA.
Luego de presentada la acusación por parte de la Fiscalía, el proceso penal se ha dilatado injustificadamente. Las audiencias de juicio por este caso han sido diferidas en más de cuatro oportunidades.
La audiencia preliminar se realizó 19 meses después de presentada la acusación, el día 21 de agosto de 2018. «El Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela establece como norma que, una vez que se haya presentado la acusación, debe transcurrir un lapso no menor a 10 días ni mayor a 20 días para realizar la audiencia preliminar», recuerda el referido comunicado.
El pasado 20 de enero de 2020, el Tribunal de Juicio había iniciado el debate público por este caso, pero el mismo fue interrumpido debido a la cuarentena nacional por la pandemia del COVID-19. El ODH-ULA ha denunciado que la paralización de la justicia en este período de confinamiento es ilegal.
El ODH-ULA y las 52 organizaciones firmantes del referido comunicado exigen que el acusado sea juzgado en libertad, «tal y como lo establecen las normas nacionales y las medidas establecidas por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su informe publicado el 25 de marzo de 2020».
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