San Cristóbal.- Al cumplirse un año del asesinato del productor agropecuario de la localidad de Rubio, municipio Junín del estado Táchira, Carlos Manuel Tarazona, conocido como “Cocha”, un equipo interdisciplinario presentó un informe en el cual dan los nombres de los implicados en el hecho, además del funcionario que habría disparado a quema ropa en contra del ganadero.
En rueda de prensa el diputado jubilado a la Asamblea Nacional y defensor de los derechos humanos, Walter Márquez, acompañado de los exconcejales de Junín (quienes impulsaron la investigación) Marlene Mora y Danny Carrillo, también de los abogados penalistas Nathaly Bermúdez y Jesús Alberto Berro, del experto en ciencias criminales Oswaldo Arteaga, de la madre de la víctima, Victoria Medina, demás familiares y amigos, manifestó que de acuerdo a los estudios planimétricos y de criminalística “Cocha” no disparó, sino que por el contrario le dispararon a quema ropa, sembrándole después un arma que había sido hurtada hace más de 40 años.
Indicó que quien accionó el arma y disparó a quema ropa contra Carlos Manuel Tarazona fue el funcionario del Faes, supervisor José Márquez, al mando del comisionado de la PN, Héctor Morales, e integrada la comisión por el supervisor agregado Hugo Méndez y los oficiales Erick Martínez, Luis Fonseca y Jesús Candelo.
Walter Márquez indicó que en este caso se cumplieron las fases que señala en el informe oral del 20 de marzo de 2019 Michel Bachelet, alta Comisionada de los Derechos Humanos para las Naciones Unidas, respecto a las formas de actuar de las Faes fuera de la ley.
“En el caso de Cocha el Faes llegó sin orden de allanamiento, simularon un hecho punible de un enfrentamiento, lo que en Colombia se llama falso positivo y hasta la fecha la Fiscalía tiene totalmente paralizada la investigación. Estamos en presencia de varios delitos: homicidio intencional, simulación de un hecho punible, apropiación indebida calificada de pertenencias familiares, el trato cruel inhumano y degradante al que fueron sometidos sus empleados”, dijo Márquez.
Solicitó a Freddy Bernal y al alcalde del municipio Junín, Ángel Márquez, que le exijan a la Fiscalía la inmediata detención del funcionario, porque de no hacerlo serían corresponsables de lo ocurrido.
El informe lo remitirán a la Fiscalía General de la República, a la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
