Mérida.- Los terrenos donde funciona la Estación Experimental Judibana de la Universidad de Los Andes (ULA), ubicados en El Vigía, estado Mérida, vuelven a ser atacados por personas que intentan invadirlos nuevamente. En esta ocasión los vándalos provocaron un incendio en varios potreros que se extendió hasta las instalaciones académicas, causando la quema del cuarto del sistema hidroneumático, lo que dejó sin servicio de agua potable al Núcleo. El incendio también puso en peligro aulas y laboratorios.
LEE TAMBIÉN:REGISTRO PRINCIPAL DE TRUJILLO ASEGURA A EGRESADOS DE LA ULA CUMPLIR ÓRDENES MINISTERIALES
«La bomba del sistema hidroneumático se quemó, incluyendo instalaciones eléctricas y de agua de todo el sistema. El Núcleo se quedó sin servicio de agua y cambiar la bomba es un costo grande que supera los 2 mil dólares», detalló a El Pitazo Domingo Alarcón, vicerrector decano del Nuaa-ULA.
Desde el pasado 19 de agosto las autoridades del Nuaa-ULA han denunciado, a través de las redes sociales de ese núcleo universitario, la presencia de personas que en el pasado han invadido por varios meses los terrenos que sirven de laboratorio natural para las prácticas de distintas carreras que ofrece la ULA. En esta ocasión señalan a dos hombres como los líderes de estos ataques y del nuevo intento de invasión: Marcial Antonio Luna Ortega y Emerson Guillén, alias Tom.
Alarcón indicó que Luna y Guillén engañan a personas diciéndoles que esos terrenos son de propiedad comunal, siendo que en 2016 el Tribunal de Primera Instancia Agrario de El Vigía emitió una medida cautelar indicando que los mismos pertenecían a la ULA y que su uso era exclusivo para fines académicos, de investigación y extensión.
A pesar de los reiterados llamados hechos por las autoridades universitarias al comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral de Mérida (Zodi-Mérida), Danny Ferrer Sandrea, para que sus funcionarios actúen y detengan estas agresiones, hasta la fecha ningún cuerpo de seguridad del Estado ha logrado detenerlas.
Apenas el martes 27 de agosto una comisión de la Guardia Nacional acudió a los terrenos para constatar los daños causados, «pero no ha habido acciones más contundentes que eviten que estas agresiones continúen, precisó Alarcón.