Al menos cuatro funcionarios del Gobierno venezolano y una empresa propiedad de uno de ellos recibieron más de 1,5 millones de dólares en sus cuentas bancarias en EE.UU y otros lugares del mundo, según se desprende de una investigación realizada por el Teniente Mathew de la Rosa, agente del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU y la DEA y adscrito a la Policía de Englewood, Nueva Jersey.
La investigación, que ya dio como resultado el arresto de dos venezolanos como principales cabecillas de una gran operación de lavado de capitales, se inició en 2010 y aún está en curso. Luís Javier Díaz y Luís Díaz Jr, padre e hijo, aparecen señalados en el extenso expediente que detalla la participación de “un gran consorcio de empresas constructoras de Venezuela”, al menos cuatro firmas privadas localizadas también en Venezuela, una empresa chilena, tres empresas en un paraíso fiscal, una compañía portuguesa y más de una docena de ciudadanos venezolanos.
Lee también: EEUU arresta a dos venezolanos que lavaron activos a funcionarios chavistas
El caso tiene como jurisdicción la Corte del Distrito Sur de Nueva York y será ventilado en el tribunal que conduce el juez Ronald Ellis. “Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz supuestamente operaron un banco ficticio fuera del sistema financiero para trasladar más de 100 millones de dólares a EE.UU a través de ellos. El uso de negocios para transferir dinero sin una licencia para tal fin es un canal peligroso y no regulado para el lavado de dinero y otros delitos financieros. Procesos como este buscan cerrar esa red subterránea que ayuda a mover dinero criminal en todo el mundo», dijo Preet Bharara, Fiscal de Manhattan, al referirse a este nuevo escándalo que salpica al Gobierno venezolano.
El expediente obtenido por El Pitazo explica que serían cuatro los cargos que enfrentan los acusados: conspiración para operar un negocio sin licencia para realizar transacciones monetarias, operación del negocio ilegal, conspiración para lavado de activos y lavado de activos internacional. “De ser hallados culpables podrían afrontar penas de no menos de 20 años”, comentó un abogado litigante del estado de Nueva York a la consulta hecha por este medio.
Dentro de las más de 70 pruebas en contra de los venezolanos señalados de estos crímenes federales se citan decenas de transferencias hechas desde Venezuela hacia la compañía que opera este grupo familiar en Miami, llamada “Miami Equipment and Export co., INC”, que según la página web se dedica a comercializar productos para la construcción. Esta, a su vez, realizaba transferencias del dinero recibido por medio de bancos fuera de la legalidad del sistema financiero estadounidense hacia otros destinos, como Portugal, “donde era depositado en la cuenta de bancaria de una empresa propiedad de un venezolano con fuertes vínculos con el Gobierno venezolano”, reza el expediente.
El domicilio de la empresa es el 8336 Northest 30th Terrace, ubicado en la ciudad de Doral, una de las zonas de mayor concentración de ciudadanos venezolanos en el sur del estado de Florida. El local donde opera la empresa es propiedad de otra compañía, llamada DZF Investments, LLC, en cuyos registros aparecen los acusados y otros miembros del grupo familiar.
El entramado compite con otros casos de corrupción a los que El Pitazo ha seguido de cerca, como el de Roberto Rincón y sus socios. Pero según el testimonio del agente Matthew De La Rosa en este particular, los presuntos criminales usaron la vía telefónica para realizar las transferencias de dinero y así evitar el sistema de transferencias electrónicas, cuyo uso de forma ilegal representa un crimen dentro de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
Dentro de esas cientos de operaciones destacan aquellas hechas a favor de al menos cuatro funcionarios del Gobierno venezolano. “Luís Díaz Jr y Luís Javier Díaz usaron la compañía para realizar transferencias a funcionarios oficiales venezolanos, por orden del gran consorcio venezolano de empresas constructoras”.
Se lee en uno de los pasajes del expediente que por ejemplo el día 17 de diciembre de 2014 el empleado del consorcio venezolano señalado como “empleado 2”, que se presume por el documento se trata de una mujer, envió a Luís Javier Díaz un email indicándole que recibiría 1,1 millones de dólares de los cuales 300 mil dólares deberá depositarlos a la cuenta del “oficial 1”, 800 mil dólares a favor de la empresa del “oficial 2” y 16 mil dólares a beneficio del “oficial 3”. Estos individuos son funcionarios del Gobierno venezolano. Más adelante en el documento se menciona a un cuarto funcionario “a cuyo beneficio la empresa venezolana envió 294.897,50 dólares a una compañía de Títulos en Texas para la adquisición de un condo”.
Se explica además la existencia de cuatro compañías llamadas “Shell Companies” o compañías “caracol”, cuya estructura jurídica se esconde detrás de otras empresas y así sucesivamente para desaparecer a los verdaderos propietarios de estas firmas. Una de estas empresas está en Portugal y las otras tres se encuentran registradas en las Islas Vírgenes Británicas. Estas últimas pertenecen a los directivos del consorcio de construcción venezolano y a algunos empleados de este. “Tan solo una de estas compañías recibió más de 37 millones de dólares en transferencias”, cita el documento.
“Durante la investigación se pudo comprobar que los acusados realizaron este tipo de operaciones a docenas de empleados del consorcio de constructoras venezolano, el cual proveyó de facturas y recibos falsos a la compañía manejada por los acusados para justificar los movimientos bancarios”.
Esta web usa cookies.