Una investigación de Johanna Osorio Herrera y Nadeska Noriega Ávila
Unidad de investigación y equipo de corresponsales de El Pitazo, en alianza con CONNECTAS y el International Center for Journalist
El gobierno de Nicolás Maduro prometió que se construirían 50 gimnasios verticales en 18 meses; que en cada uno de ellos se practicarían 15 deportes; y que las estructuras serían de bajo costo y alta calidad. Los hechos documentados en esta investigación contrastan con esa oferta inicial: se han concluido 37 gimnasios en seis años; en solo uno de ellos se ofrecen todas las disciplinas prometidas; y el presupuesto para levantar las edificaciones triplicó precios de referencia sin asegurar estructuras especialmente valiosas según expertos consultados. Deportistas, entrenadores y habitantes de comunidades entrevistados para este trabajo manifestaron sentirse defraudados del poco alcance social logrado por el proyecto de 420 millones de dólares, que no logró el efecto de multiplicación de la práctica deportiva con el cual se esperaba contribuir a una merma del delito en zonas especialmente afectadas por la inseguridad.
Ejemplos que ilustran lo anterior fueron recogidos por el equipo de El Pitazo en distintos puntos de Venezuela. A los habitantes del estado Falcón, al occidente del país, les prometieron dos gimnasios verticales, pero sólo les edificaron uno en el que sólo se imparten cuatro disciplinas: fútbol, boxeo, karate y gimnasia. En la entidad, 300 practicantes de lucha deportiva se quedaron a la espera de espacios para desarrollar su talento, y entrenadores como Nelson Hernández se sintieron embaucados con la oferta de un lugar donde formar deportistas de alto rendimiento. En San Francisco, estado Zulia, Eduard Bermúdez también se siente decepcionado. Cuando abrieron las puertas del gimnasio de Ciudad del Sol, el boxeador, que representó a Venezuela en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, vio en el lugar una oportunidad para transmitir todo lo que sabía. Pero lo que le pagan por su labor le alcanza apenas para los pasajes; a esto le atribuye que no haya entrenadores en otras disciplinas.
Costosos espacios como las salas de armas para la práctica de esgrima, también permanecen vacíos en la mitad de las instalaciones abiertas por esta misma razón: no hay entrenadores dispuestos a trabajar por precarios sueldos como los que les ofrece el Movimiento por la Paz y la Vida y, por lo tanto, no se enseñan los deportes ofrecidos. Gimnasios verticales como el de Sotillo en el estado Anzoátegui, o Tubores en Nueva Esparta, solo ofrecen dos deportes; el de La Victoria en el estado Aragua ofrece cuatro. El promedio es de siete deportes por gimnasio, pero no todos cuentan con espacios óptimos ni con profesores calificados para niños o adolescentes, como planteaba el proyecto inicial.
El Pitazo corroboró que aunque el Estado aseguró que los gimnasios servirían como espacio para recibir clubes deportivos, solo en 18 de 37 recintos se cumple esta premisa: de estos, únicamente siete clubes cuentan con espacio y horario fijos, los demás deben hacer solicitud previa del lugar. Aunque el uso de las instalaciones debería ser gratuito, el equipo de reporteros comprobó también que en todos los gimnasios se solicita una colaboración con productos de limpieza o alimentos para el ingreso.
El mayor flujo de asistentes se presenta en los centros que tienen espacios con máquinas de ejercicios para el entrenamiento físico de adultos, pero, en estas áreas tampoco hay supervisión, factor de riesgo para los usuarios, que sin instrucciones pueden lesionarse más fácilmente. Incluso, en el gimnasio de Tubores, en Nueva Esparta, es el personal de limpieza el que explica a los usuarios de estos espacios cómo deben utilizar las máquinas. Quienes gozan de entrenamiento personal, generalmente, lo costean.
En el recorrido de El Pitazo, por 50 espacios de 15 estados del país, se constató que el proyecto de los Centros Deportivos y Culturales de Paz se transformó para dar pie a las Grandes Bases de Misiones de Paz, la excusa para convertir el centro deportivo en un espacio político e ideológico. Allí, militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), se reúnen para hacer trabajo social y proselitista, relegando la génesis del proyecto: las prácticas deportivas comunitarias para alejar a los jóvenes de las actividades criminales.
El cambio, propuesto por la Fundación Movimiento por la Paz y la Vida (FMPV), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, ocurrió en 2017, con la construcción de los recintos a media máquina. Al respecto, el secretario ejecutivo de la comisión presidencial del Movimiento por la Paz y la Vida, Alexander “Mimou” Vargas, aseguró, en una nota de prensa oficial, que la transformación del proyecto convertiría al gimnasio vertical en «el epicentro del corazón urbano de cada comunidad». En las mismas declaraciones, Vargas añadió que la meta era habilitar «las 50 bases de misiones en todo el país», destacando que 14 bases se encontraban en construcción y que para su culminación se invertirían 10 millones de dólares para cada una.
Mientras los CDC de Paz se concentraban, al menos en teoría, en la atención a los niños y adolescentes, clubes deportivos comunitarios de 15 disciplinas deportivas, y la lucha contra la inseguridad y la violencia, las Gran Bases de Misiones de Paz Hugo Chávez, como fueron bautizadas todas las estructuras, incorporaron locales comerciales, un comedor comunitario, parques infantiles que se alquilan para fiestas, áreas de máquinas y pesas, sala de spinning (utilizada solo por adultos), así como salones para el trabajo político partidista del Psuv y de otras misiones como Barrio Adentro y Chamba Juvenil, o la entrega de cajas de comida por parte de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).
No obstante, lejos de garantizar mayor calidad de vida para los usuarios, el cambio de objetivo buscaba abrir la posibilidad de mayor inversión para el proyecto. Así lo asegura el diputado de la Asamblea Nacional por el estado Vargas, César Alonso (UNT), integrante de la Comisión de Contraloría del parlamento venezolano, en cuya comisión se investigan proyectos de construcción que involucran a Fondo Global de Construcción y a Landscape Vision Corporation, entre ellos los CDC de Paz. “El gobierno de Hugo Chávez construyó su piso político basándose en el impulso de las llamadas misiones sociales. Hablamos de que la educación, la salud y el apoyo social estaban subrogadas a estas figuras. Maduro decidió hacer lo propio”, explica el parlamentario.
Lejos de ampliar el alcance del proyecto, la transformación en Grandes Bases de Misiones convirtieron a los gimnasios en centros de partidismo político. El Pitazo comprobó que los 37 gimnasios habilitados desarrollan en sus instalaciones actividades no deportivas. El 86% de estos recintos sirven, además, como espacios para actividades exclusivamente políticas, desde encuentros de las milicias hasta la recolección de firmas contra Donald Trump. Inclusive, en uno de los gimnasios de Falcón funciona una emisora radial oficialista.
En los recintos se ha establecido una oda permanente a las figuras de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, un mensaje que hace entender a muchos que la disidencia no tiene cabida, aunque sean espacios de deporte y paz. “Uno tiene sus opiniones, tiene sus puntos de vista políticos, pero en los gimnasios verticales uno no puede expresarlos. En el lugar hay avisos como “aquí no se habla mal de Chávez”, “leales siempre, traidores nunca”. Es como si por venir al gimnasio vertical, uno tuviese que coincidir con la gestión de Maduro”, refiere el caraqueño Fernando Martínez, quien asiste con regularidad a la estructura ubicada en El Valle, en Caracas. Lo comentado por Martínez es comprobado al recorrer los espacios deportivos más allá de la capital venezolana. Los corresponsales de El Pitazo en los estados Zulia, Trujillo, Anzoátegui y Sucre verificaron además que las bibliotecas de consulta para los adolescentes o estudiantes de estos recintos solo muestra textos relacionados con la Revolución Cubana, algunos de la autoría de Fidel Castro, biografías de Hugo Chávez y hasta ejemplares del Manifiesto Comunista de Karl Marx.
El uso partidista de los recintos alcanza extremos como el caso del gimnasio ubicado en la capital del estado Mérida, donde El Pitazo registró, por una circular exhibida en la entrada del recinto, que el auditorio solo está disponible para actividades políticas desde el 27 de junio de 2019. De los 37 gimnasios que funcionan, 16% exige también, para el acceso a las instalaciones, portar el Carnet de la Patria, una credencial creada por el gobierno de Maduro para conocer el estatus socioeconómico de la población que desea ser beneficiada por programas sociales. Sin embargo, se ha denunciado su uso como un método de control social y de exclusión.
Ya anteriormente, aunque de forma indirecta, el proyecto había sido usado para fines políticos: el tope de gimnasios verticales inaugurados en un año ocurrió en 2017, cuando el Estado culminó y abrió las puertas de 16 recintos, en plena campaña electoral para la elección de los gobernadores.
El gobierno asegura que el proyecto tiene un fin social y sin exclusiones.
Para los especialistas, la falla del programa de los CDC de Paz es que fueron concebidos con un objetivo efectista. “Esos gimnasios no se insertan en una política pública deportiva nacional. Es decir, no se trata de un gran programa nacional de formación de atletas de alta competencia, en deportes colectivos e individuales, pero tampoco se trata de un sistema de centros formativos deportivos localizados a nivel barrial pero de impacto municipal y nacional funcionando en red, donde precisamente esos edificios sean los nodos de desarrollo de esa red. Como no es una política pública, no hay una organización estructural operativa nacional con objetivos y metas concretas. En ese sentido, no hay monitoreo ni seguimiento, mucho menos cuantificación estadística de los logros sociales y cumplimiento de objetivos y metas”, señala el arquitecto venezolano David Viloria, docente de la Universidad Central de Venezuela y especialista en desarrollo urbano y arquitectura social.
David Viloria, docente de la Universidad Central de Venezuela y especialista en desarrollo urbano y arquitectura social
Viloria evalúa y lanza interrogantes, ante la premisa inicial del proyecto: transformar la vida de los residentes de zonas populares venezolanas, para la paz. “¿Cuántos jóvenes salidos de estos gimnasios son jugadores profesionales en deportes colectivos? ¿Cuántos jóvenes encontraron un oficio en el deporte y lo ejercen formalmente? ¿Cuánto capital social se formó a raíz de la implantación de un edificio en una zona concreta? ¿Cuántas hectáreas de paisaje urbano se recuperaron? ¿Cuánto bajó el índice delictivo en las zonas donde se implantaron esos edificios? ¿Cuántos empleos nuevos para entrenadores, asesores deportivos, fisiatras, gerentes de mantenimiento, se crearon? Seguramente no hay respuesta a estas interrogantes y eso es una señal inequívoca del fracaso de los gimnasios verticales”.
Timothy, un joven de la comunidad de Las Casitas de Marhuanta en Ciudad Bolívar, donde la promesa del gimnasio vertical nunca avanzó del terreno baldío, da testimonio del fracaso al que se refiere Viloria. “Se supone que eso iba a ser más que todo para ayuda de la comunidad, debido a que no hay cancha aquí. Pero no sé qué pasó. Debido a faltas de insumo o qué sé yo, se abandonó el proyecto, y lo puedes ver así como está, enmontado. Las tuberías se las han robado y se han perdido”, relata, y asegura que después de las 6:00 p.m. no pueden pasar cerca del lugar, porque se ha convertido en refugio de delincuentes.
El terreno baldío en Bolívar no es el único espacio donde la inseguridad es más regular que la práctica deportiva. En el gimnasio de la calle El Progreso, en Cabimas, estado Zulia, el robo de baterías en el estacionamiento, y el hurto de celulares u otros objetos dentro del recinto, no son una novedad. En el gimnasio de Ocumare del Tuy, en el estado Miranda, las puertas se cierran a las 5 de la tarde, para evadir a los delincuentes. Aunque el propósito inicial de las estructuras, de acuerdo con FundaPropatria, era servir como «módulos impulsores del deporte y la cultura potencializando a la comunidad a un camino de armonía y paz», la realidad dista del discurso oficial. El Pitazo corroboró que en un tercio de los gimnasios se han presentado hechos de inseguridad con regularidad o atracos en las adyacencias del recinto, lo que evidencia que los gimnasios verticales culminados tampoco han contribuido a reducir el fenómeno multifactorial de la violencia.
En julio de 2019, Alexander “Mimou” Vargas, supervisor directo del proyecto, se jactaba de logros. “El Movimiento por La Paz y la Vida está trabajando por el pueblo. Nuestro impacto lo vemos en las historias de vidas de jóvenes que hemos rescatado de las calles. Le brindamos atención integral y además insertamos a la juventud al campo productivo”. Los gimnasios verticales, sin embargo, solo garantizaron espacios para el uso proselitista y beneficios para las arcas de los contratistas allegados al entorno familiar y político de Nicolás Maduro.
El Pitazo solicitó entrevistas, a través de cartas entregadas en sus respectivos organismos, a los funcionarios involucrados en la ejecución del proyecto: Nicolás Maduro, Alexander Vargas, Daniel Tascón, Ilich Lárez Brito, Walter Gavidia Flores y Carmen Meléndez. También intentó contactar, con cartas y mediante redes sociales, a los gobernadores o funcionarios que estaban frente al proyecto en los estados beneficiados durante el inicio o ejecución de la obra: Aristóbulo Istúriz, Omar Prieto, Henry Rangel Silva, Tareck El Aissami, Jorge García Carneiro, Stella Lugo, Vielma Mora, Nidia Escobar, Alexis Ramírez, Carlos Rosales, Luis Acuña, Carlos Mata y Yelitce Santaella.
El equipo de reporteros de El Pitazo envió una solicitud de entrevista, por correo electrónico, a Ramón Carretero Napolitano y su empresa Landscape Vision Corporation, ubicada en Panamá. También se dirigió, y entregó peticiones de entrevistas, en las sedes de las empresas y entidades vinculadas al proyecto: Fundación Propatria 2000, PyC Buenavista, Inmecica Centro y Consorcio Estructuras Metálicas Modernas. En la dirección fiscal de PyC Buenavista se encontraba otra empresa que negó su relación con esta, por lo que se intentó contactar vía Twitter a su director. En el domicilio fiscal señalado por Inmecica, en cambio, no opera ninguna compañía. En la oficina de Consorcio Estructuras Metálicas Modernas, su director, Juvenal Alfaro, atendió al equipo de El Pitazo, pero no recibió la carta y se negó a ser entrevistado. “No me gusta el modus operandi de El Pitazo. No tengo que estar dando información, porque esto es una empresa privada. No les voy a hacer un favor a ustedes”, dijo. Alfaro se rehusó también a recibir la carta dirigida a Álex Saab (dueño de Fondo Global de Construcción, que a la vez es dueña de Estructuras Metálicas Modernas), y exhortó a El Pitazo a buscar a Saab personalmente, aunque su ubicación es desconocida.
Durante la reportería de este proyecto, tres periodistas, de los estados Nueva Esparta, Anzoátegui y Zulia, fueron asediados por funcionarios policiales o de vigilancia, mientras visitaban las instalaciones deportivas. En Caracas, una reportera fue agredida verbalmente cuando solicitaba una entrevista a un empresario.
Ninguna de las peticiones hechas por El Pitazo fue contestada antes de la publicación de esta investigación.
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