No es la primera vez que Virginia agradece que sus tres hermanos emigraran, quizás porque antes no había sido tan significativa una ayuda económica como en esos 17 días en los que su padre estuvo recluido en el Hospital Manuel Núñez Tovar de Maturín, estado Monagas, al oriente de Venezuela. En ese tiempo vio morir a cinco hombres hospitalizados al lado de Gilberto, su papá, diagnosticado con COVID-19. Él no sólo sobrevivió a la enfermedad, sino también a un sistema de salud público desprovisto que obligó a sus hijos, en Argentina y Chile, a correr con los gastos médicos mientras estuvo internado.
Enfermar por el nuevo coronavirus en Venezuela enfrenta a las familias, como la de Virginia, a una serie de gastos para cubrir tratamientos y estudios de diagnósticos y, en algunos casos, cuidados médicos más estrictos cuando el paciente desarrolla una infección moderada o grave. El fenómeno de la hiperinflación, que se acrecienta donde la economía es más débil, deja a los venezolanos a la suerte de la solidaridad y a merced de una red hospitalaria sobrecargada, sin medicinas ni insumos suficientes.
Virginia lo padeció en carne propia. En el centro asistencial, su padre recibió solo uno de los seis tipos de medicamentos que requería para su recuperación. Esa dosis de levofloxacina apenas le alcanzó para los primeros tres días del tratamiento y no para las más de dos semanas de su hospitalización. “El hospital es un submundo donde los trabajadores sobreviven. A uno de ellos le pagué 800.000 bolívares para que le dieran una cama a mi papá y a otro 1.000.000 para que lo adelantaran en la fila del servicio de rayos X”, contó.
Daniela, paciente sintomática leve
El virus del COVID-19 ahora amenaza con comprometer aún más los depauperados ingresos en los hogares venezolanos en caso de que enferme alguno de sus integrantes. El nuevo coronavirus circula en un país donde 96,2% de la población es pobre y, en consecuencia, su sueldo, pulverizado por la inflación, no alcanza para cubrir gastos de alimentación y menos de salud, como lo reflejó la última Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi), correspondiente al 2020, elaborada por tres importantes universidades del país.
En la medida en que se registran más casos de contagios, se incrementan los precios de las medicinas y estudios. Entre el 1° de septiembre y el 11 de octubre, el equipo reporteril de El Pitazo evaluó en 60 farmacias los costos de los medicamentos recetados para el COVID-19 de acuerdo con las etapas identificadas de la enfermedad respiratoria, así como de los servicios de radiología e imagenología en 46 centros privados y 47 laboratorios y hospitalización en 30 clínicas. La consulta se hizo en los estados Apure, Bolívar, Lara, Miranda, Monagas, Táchira, Zulia y el Distrito Capital.
El monitoreo se realizó en cuatro de los estados donde se registran más contagios por COVID-19 y en otros donde la incidencia no supera los 1.200 casos. Los montos, expresados en divisas, se calcularon a la tasa referencial no oficial de Bs. 440.000 por dólar, que marcó entre el 5 y el 9 de octubre de 2020.
El análisis de los datos permitió concluir que para cubrir un tratamiento de 15 días, en promedio, un paciente asintomático gasta entre $258,15 y $292,29; en la fase I de la enfermedad invierte entre $510,62 y $550,83; en la II entre $58.714,02 y $58.769,05 y, por último, con un cuadro más grave que amerite cuidados intensivos destina entre $64.876,44 y $65.959,93 con los que se cubriría medicinas, radiografías, tomografías y atención médica en una clínica.
Para determinar el costo de recuperación del paciente con COVID-19, el equipo reporteril entrevistó a médicos internistas, neumólogos e infectólogos y empleados de atención domiciliaria para establecer los criterios de atención en cada fase de la enfermedad, las medicinas y el tipo de estudios que deben practicarse para establecer un diagnóstico, pero no se incluyen los fármacos usados para la sedación en clínicas y tampoco los que debe entregar el gobierno, como los antivirales.
De igual forma, se incluyen la frecuencia de los análisis de sangre, de rayos X y en algunos de los casos, tomografías. La hospitalización en clínicas se estimó con base a 15 días tomando en cuenta las etapas moderada y grave, que incluyen terapia intensiva por desarrollar infecciones respiratorias que requieren monitoreo.
Dependiendo de la fase de la enfermedad que cursa el paciente, se indican una serie de exámenes de laboratorio, entre ellos la hematología completa, y para cubrirlos se requiere entre $50,44 y $5.226,82, según los datos recogidos en las ocho ciudades del país. Pero cada precio podría aumentar porque hay pruebas que pueden solicitarse, como el dímero D, gases arteriales y ferritina, CK Total y CK MB, que no se realizan por falta de reactivos.
La información de los especialistas se cruzó con las pautas de abordaje clínico que elaboró la Sociedad Venezolana de Infectología. Se tomó como referencia los 33 medicamentos usados como tratamientos experimentales que forman parte del Esquema Terapéutico Nacional para el COVID-19 del Ministerio de Salud.
Ese esquema incluye la hidroxicloroquina, así como los antivirales litonavir/ritonavir y remdesivir, que fueron descartados por el proyecto Solidaridad de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que trabaja en la búsqueda de un tratamiento eficaz para el COVID-19, al considerar que no reducen la mortalidad en los enfermos.
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La escasez aunada a la imposibilidad de costear las medicinas y los estudios que no están disponibles en hospitales, lleva a los venezolanos a aferrarse a la buena fe de otras personas o instituciones que, dentro de sus posibilidades, les den aportes económicos o, en el mejor de los casos, donen algún fármaco, así esté cerca de su fecha de vencimiento, o costear algún examen. En redes sociales, como Twitter y Facebook, o incluso en los estados WhatsApp, abundan mensajes de servicios públicos o campañas de recaudación en dólares.
Durante septiembre, El Pitazo encontró 50 campañas de recolección de fondos en Twitter e Instagram creadas en julio, agosto y septiembre, promovidas por venezolanos que alegan que sus ahorros se agotaron y, por ello, apelan a la solidaridad en la plataforma Gofundme. De la muestra, 46 solicitudes tienen montos en dólares y cuatro en euros. La ayuda mínima requerida en moneda norteamericana es de 3.000 y la máxima de 80.000; mientras que de la otra moneda europea, el monto mínimo es 3.500 y el máximo 30.000.
En ese tiempo, los venezolanos solicitaron el remdesivir, medicina empleada en pacientes con COVID-19, cuyo costo en farmacias privadas oscila entre $300 y $400. De todos los tratamientos experimentales, este es el fármaco más costoso. Las peticiones en redes sociales chocan con la versión del gobierno de Nicolás Maduro que asegura que ofrece este medicamento de manera gratuita en los hospitales de la red pública.
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La administración de Maduro se ampara en los gobiernos de países aliados, como Cuba, Rusia y China, para dotar a la red pública de hospitales de insumos y medicinas para atender síntomas asociados a la enfermedad respiratoria. Pero pacientes y médicos denuncian que los suministros no alcanzan para cubrir la demanda de pacientes.
Reunir dinero para medicinas y estudios, en Venezuela, supone una carrera contra el tiempo porque las ayudas económicas no llegan al momento en el que se requieren y, paralelamente, incrementa la angustia en los familiares y los pacientes, especialmente los que tienen cuadros más severos con la infección.
Los hospitales arrastran en los últimos años el deterioro de servicios auxiliares, como estudios de radiología, especialmente por fallas en equipos. De hecho, a finales de agosto, el director del hospital centinela de Maturín, Darwin Jiménez, admitió que un estudio de rayos X le cuesta al hospital 12.000.000 de bolívares mientras que una tomografía de tórax simple 17.600.000 bolívares.
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Los familiares de pacientes con coronavirus deben, entonces, recorrer clínicas y laboratorios para tener un diagnóstico certero y oportuno. Los datos recogidos por El Pitazo muestran que de 46 centros de imagenología en al menos 26 no realizan tomografías de tórax y en 27 no hacen tomografías de pelvis y abdomen, estas últimas requeridas en personas que presentan sintomatología abdominal.
La realidad no es ajena a Rosaura Montero. Ella llegó al Hospital Universitario de Caracas en agosto con su cuñado, quien tenía la respiración entrecortada. Logró ingresar a la emergencia luego de pasar el día en clínicas y centros asistenciales en busca de un cupo, que no consiguió por falta de camas y oxígeno.
Si bien a su pariente le proporcionaron las medicinas en el hospital, debía hacerse una tomografía fuera porque en el del Clínico Universitario no hay un servicio de imagenología activo. 50 dólares fue el costo que le dieron en el centro de salud privado a donde acudió. Rosaura tenía el dinero para el estudio, pero no para trasladar a su cuñado a la clínica.
“El hospital no tenía disponible ninguna ambulancia que tuviera toma de oxígeno y llamé a más de 20 proveedores y todos me cobraban $300 para llevarlo a una clínica que queda en Parque Central, a unos 15 minutos, entonces, llamamos a una amiga que trabaja en el Seguro Social y así fue como pudimos trasladarlo”, contó.
Los costos por el alquiler de una ambulancia en el interior del país varían según la entidad y la ruta. Por ejemplo, en Barquisimeto, estado Lara, los precios de los traslados dependen del tipo de paciente y la distancia, algunos valen $200 y cuando se trata de un enfermo con COVID-19, se acondiciona la unidad.
Curarse en casa es otro tema. La consulta médica a domicilio cuesta hasta $50. Hay quienes como Daniela, paciente sintomática leve recuperada que reside en Maturín, pueden gastar $30 en ibuprofeno, aspirina, azitromicina y cinco kilos de limón para tomarlo como infusión. “Me hice la prueba bajo cuerda en un CDI (Centro de Diagnóstico Integral) y así confirmé mi sospecha. Decidí quedarme en casa porque en los hospitales uno se enferma más”, aseguró.
Pero en Nueva Esparta, al oriente del país, otros enfermos como Miguel, destinan mucho más dinero, en especial si el virus les impide respirar con normalidad. Para pagar por su recuperación, Miguel pidió un adelanto del sueldo y se endeudó; incluso buscó ayuda económica en la gobernación del estado.
“Los medicamentos son muy caros, hay algunos de ellos que tenían un precio antes de la pandemia y otro durante la pandemia; por ejemplo, una ampolla de dexametasona costaba 100.000 bolívares y ahora 1.800.000 bolívares. El primer anticoagulante que compré me costó 230.000 bolívares y el siguiente 9.000.000 de bolívares. Son costos exagerados”, expone.
Miguel necesitó oxígeno y en Margarita el alquiler de una bombona es de $150 sin incluir la recarga, que son $50 al día. De acuerdo con la data recopilada en esta investigación, la recarga en el estado Lara cuesta entre $20 y $25 y en Apure $35. El valor de un aparato de estos oscila entre $35 y $40 en el estado Zulia, entre $105 y $118 en Miranda, $50 en Monagas y $136 en Táchira. De los ocho estados consultados solo se pudo establecer los costos en los estados anteriormente mencionados, porque en el resto no había disponibilidad.
“El neumonólogo me pidió que tuviera un respirador que lo alquila una cadena de farmacias, que le exige a la persona dejar un depósito de $5.000 y además te cobra $300 diarios como alquiler. Una persona que devenga un sueldo mínimo se muere en este país porque no tiene cómo costear todo esto y el gobierno no los garantiza en los hospitales”, reflexiona Miguel.
La realidad hospitalaria que muestran Virginia y Rosaura es esa que expone Human Rights Watch en su informe publicado en mayo: “La absoluta falta de preparación del sistema de salud venezolano para la llegada de la pandemia de COVID-19 agudiza el riesgo para la salud de los venezolanos y podría contribuir a una propagación regional de la enfermedad”. La organización resalta, además, que los centros asistenciales del sistema público no tienen la capacidad para «lidiar con el COVID-19» porque en ellos, por si fuera poco, falta hasta el agua.
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El impacto socioeconómico del COVID-19 en Venezuela, con 87.644 casos y 747 fallecidos hasta el 20 de octubre, supone retos más difíciles debido al curso de la emergencia humanitaria compleja, profundizada a raíz de la crisis política y económica, que ha tenido su efecto más crudo en el aspecto sanitario. Esa situación, bajo la óptica de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), aumenta las necesidades y demandas de ayuda que requeriría el país para sostenerse ante el desequilibrio que origina la pandemia en el precario sistema de salud y en la población.
Si el deficitario sistema de salud público trastoca el bolsillo del venezolano, el privado lo quiebra aún más. El Pitazo encontró que la hospitalización en una clínica varía entre $500 y $7.000 diarios en el país. En el caso de Maracaibo, estado Zulia, algunas clínicas piden una cuota inicial de $10.000 para ingresar al paciente; en Barquisimeto, estado Lara, también, pero el monto es de $800.
María Claudia vive en la zona este de Maturín, su papá sobrevivió al COVID-19 mientras seis de sus parientes murieron en otras clínicas de la misma ciudad por complicaciones asociadas a esta enfermedad.
En la recuperación de su padre gastaron $80.000 o 35.200.000.000 de bolívares (calculados a una tasa no oficial de 440.000 bolívares por dólar), es decir el equivalente a 88.000 salarios mínimos. El seguro de Ernesto es de $50.000 y se consumió antes de que cumpliera 22 días de hospitalización: 18 días intubado, 4 sin intubación y 6 bajo observación en una habitación. Sus tres hijos firmaron un acuerdo para pagar los $30.000 restantes. «Mi papá está vivo, caminando, y eso no tiene precio», expresa.
El 5 de septiembre, Aldo creó una campaña de recaudación de fondos en la plataforma Gofundme solicitando $3.000 para costear la atención de René, su papá, en una clínica en Guanare, estado Portuguesa. En la descripción de la campaña dice que los gastos diarios de hospitalización son de $350 sin incluir los estudios médicos como hematología completa, electrolitos séricos, tiempos de coagulación, PCR, dímero D, inmunoglobulina y radiografía de tórax.
La oportunidad de Ernesto o la de René no la tienen en San Fernando de Apure, estado Apure, donde las clínicas no aceptan a pacientes con COVID-19. Los únicos autorizados para atender este tipo de casos son los centros centinelas y cuando el paciente no tiene dificultad respiratoria es tratado en su casa bajo monitoreo epidemiológico.
En Maturín, Virginia pensó que ese tipo de cuidado le serviría a su padre aun cuando el médico al auscultarlo notó que sus pulmones no estaban bien, pero una crisis hipertensiva lo llevó al Hospital Manuel Núñez Tovar una hora después de salir de la consulta privada. Aunque no ha tenido tiempo para calcular todos los gastos, recuerda que para 14 días de antibióticos gastó 16.000.000 de bolívares y otros 68.000.000 de bolívares en anticoagulantes para 17 días.
“Al final en el hospital nada es gratuito porque terminas pagando por todo. Estamos hablando de gastos que los venezolanos no podemos cubrir con nuestro salario. Yo no hubiese podido asumir todo sin la ayuda de mis tres hermanos, al final lo que nos queda es cuidarnos”, reflexiona.
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