En junio de 2011 el expresidente venezolano Hugo Chávez Frías anunciaba, a través de un video grabado en Cuba, que sufría un cáncer abdominal. En marzo de 2013 falleció después de haber sido reelecto para el período presidencial 2012-2018. Durante esos casi dos años, en los que Venezuela transitó hacia la peor crisis de su historia reciente, enormes fortunas de altos funcionarios, exfuncionarios y empresarios relacionados con el gobierno chavista se acumularon en la banca suiza.
Así lo revela la filtración de un conjunto de 300 documentos financieros que tienen un tamaño de 380 MB a la que tuvo acceso los medios venezolanos Runrun.es, El Pitazo, Armando.info y el diario español El Confidencial. Se trata de archivos internos de la entidad de banca privada suiza Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), cuya sede se ubica en Ginebra, y de documentos acumulados por un gestor financiero especializado en captar clientes multimillonarios extranjeros para atraer sus fortunas a bancos suizos, el francés Charles-Henry de Beaumont. La mayoría de los archivos datan entre 2011 y 2013, mientras en Venezuela la discusión sobre la salud presidencial copaba la cotidianidad.
Hoy inicia la publicación de una serie de reportajes de investigación que evidencia que montañas de dinero relacionado con el chavismo se apilaron en Suiza. Las actividades financieras de estos grupos de poder están relacionadas, en su mayoría, con Petróleos de Venezuela, Corpoelec y la Corporación Venezolana de Guayana; también con fondos públicos creados originalmente por Chávez para el desarrollo del país y con áreas estratégicas como la importación de medicinas e insumos hospitalarios.
La documentación revela que esas fortunas se han expatriado de Venezuela hacia la propia Suiza, pero también en dirección a otros países como España, Países Bajos, Bahamas, Barbados, Panamá o Estados Unidos. Esos movimientos de capitales están siendo investigados por las autoridades judiciales y policiales en lugares como España, Andorra, Suiza, Venezuela y Estados Unidos. Los reporteros han verificado los hechos expuestos en los registros financieros mediante el análisis de metadatos y el propio trabajo de investigación periodística que contextualiza las informaciones ahí contenidas.
Más allá de la filtración, se entrevistó a expertos financieros reputados, abogados, empleados de banca y a los propios afectados. Asimismo, se ha consultado un amplio repertorio de fuentes documentales que incluye registros mercantiles y de la propiedad, asientos de autoridades migratorias, escritos de fiscalías, juzgados y policías en diversos países, entre otras. Además, para informaciones puntuales se consultó la documentación derivada de los Papeles de Panamá y Paradise Papers, proyecto coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.
A pesar de acumular denuncias nacionales e internacionales, los dueños de la empresa contratista Derwick Associates siguen hasta nuevo aviso sus negociosUna mansalva de litigios acompaña su proceder, pero la compañía, gracias a un entramado de favores con Caracas, disfruta del lado soleado de la vidaMayo 6, 2018
Por: César Batiz, Marcos García Rey y Grisha Susej Vera
El 1° de diciembre de 2017, Leopoldo Alejandro Betancourt López, presidente de Derwick Associates, abordó en Maiquetía el avión privado que lo llevaría a Las Azores, archipiélago de Portugal. Al partir dejó atrás la costa de Vargas y en ella la planta eléctrica Picure, que hoy no genera ni un megavatio según un informe del 24 de abril de este año de Corpoelec, pero que en octubre de 2009 fue la primera obra que la contratista obtuvo en Venezuela. Tras ese proyecto vinieron al menos 11 contratos más, logrados sin licitación en medio de la emergencia eléctrica decretada por el expresidente Hugo Chávez en febrero de 2010.
Ocho años después, el dinero pagado a la contratista por Corpoelec, Pdvsa y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) alcanza en España su mayor cúspide, gracias a la inversión de 50 millones de euros que el presidente de Derwick realizó en la marca de lentes de sol Hawkers, la misma que tiene como imagen a dos de las estrellas del Mundial Rusia 2018: Leonel Messi y Luis Suárez.
Pero en junio, cuando comience el Mundial, los habitantes de siete estados del país que sufren constantes apagones tendrán dificultades para ver a Messi y a Suárez lucirse con el balón, pese a que desde 2002 el Gobierno venezolano invirtió cerca de $36.000 millones en obras eléctricas, según los cálculos del think tank Grupo Ricardo Zuloaga.
De ese monto, a Derwick le correspondieron un poco más de $2,25 mil millones por la Ingeniería, Procura y Construcción (IPC) de 12 proyectos y venta de 42 turbinas, como revelaron los documentos filtrados por Daniel Rossenau, un exempleado de la empresa social estadounidense de Derwick, ProEnergy, ubicada en Missouri, EEUU, que fue la responsable de ubicar las turbinas que compró el gobierno a la compañía venezolana. Esta filtración fue analizada por el experto eléctrico José Aguilar.
Ese primer proyecto de Derwick contratado por el Estado venezolano fue firmado por la Electricidad de Caracas, compañía sustituida por Corpoelec en 2010. En el caso de Pdvsa, solo esta corporación emitió a favor de la empresa presidida por Betancourt 17 órdenes de compra de equipos eléctricos como turbinas y transformadores y contrató con ellos la ejecución de la puesta en marcha de cinco plantas eléctricas, todo ello con el objetivo de aportar más de mil megavatios en el plazo de un año, de acuerdo con el programa de respuesta rápida de generación eléctrica aprobado por la directiva de la petrolera el 19 de noviembre de 2009, en el que además se especifica que la compra sería por adjudicación directa.
Otras dos empresas, Ovarb y KCT Cumaná II Internacional, también participaron en el programa de respuesta rápida. La primera, propiedad del empresario zuliano Roberto Rincón y, la segunda, presidida por el valenciano Blas Herrera. Rincón quien se encuentra sometido a un juicio en Houston por corrupción y pagos de sobornos para adjudicarse los contratos del sector eléctrico y, a principios de noviembre de 2017, Herrera fue mencionado en un caso en el cual hallaron culpables a dos empresarios cubanos en una Corte de Nueva York de lavar $100 millones de dólares a funcionarios venezolanos, caso en el que también salió a relucir el nombre del expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, quien era la máxima autoridad de la estatal petrolera cuando se le otorgaron contratos a Derwick, Ovarb y KCT.
“Las plantas eléctricas instaladas por Derwick se encuentran en 93% de inoperatividad”, indica el ingeniero José Aguilar, integrante del Grupo Ricardo Zuloaga, quien realiza sus cálculos con base a información suministrada por fuentes dentro de Corpoelec debido a que, desde el 16 de noviembre de 2010, el Ministerio de Energía Eléctrica eliminó la página web donde publicaban todos los datos del sistema eléctrico venezolano. El entonces ministro del sector, Alí Rodríguez Araque, argumentó que realizarían una actualización del sitio, lo que nunca ocurrió.
Sin embargo, Betancourt López, a través de un cuestionario respondido el 30 de abril de 2018 con el apoyo de sus asesores legales y en gestión de crisis, asegura: “Todas las plantas se entregan operativas y a al 100% de satisfacción del cliente. La empresa no está a cargo de la operación/mantenimiento de ellas”.
Pero el cuestionamiento al tiempo de entrega, el costo de las obras y las denuncias nacionales e internacionales, no impidieron que Pdvsa, en agradecimiento a la colaboración durante la crisis eléctrica, otorgara a los directivos de Derwick la posibilidad de explotar seis pozos petroleros junto a la rusa Gazprombank, a través de Petrozamora.
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Escándalos en el mundo
La escena ocurrió en marzo de 2016 en el aeropuerto Barajas, en Madrid. Una mujer se acerca a dos hombres jóvenes y les grita “ladrones” y “asesinos”. Uno de ellos, con muletas, se queda con la cabeza gacha. El otro le pide pruebas de lo que afirma. Luego llegan dos mujeres. La de más edad le responde a la acusadora. Así termina el video que luego se viraliza por las redes sociales y páginas web.
El hombre de las muletas es Gonzalo Guzmán de Frutos López, uno de los hermanos de Alejandro Betancourt López, presidente de Derwick; y, el otro, Pedro Trebbau López, primo del primero y vicepresidente de la empresa Derwick. La mujer de más edad que defiende a los muchachos es Lilia López, madre de Betancourt López, principal líder de la contratista. Todos los involucrados vivían entonces en Madrid.
De acuerdo con un reportaje publicado en El Mundo de Madrid en mayo de 2016, el presidente de la empresa contratista eléctrica compró en 2011, en un remate, por 22,8 millones de euros la finca Castillo El Alamín. En marzo del año siguiente, fue remitido un informe a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) por posible blanqueo al adquirir esa propiedad, pero la investigación no prosperó. Sin embargo, el 1° de mayo de 2018, el mismo medio informó que la investigación finalmente fue admitida por la UDEF
El 2 de mayo de este año, Betancourt López negó ese señalamiento: “No tengo constancia de ninguna investigación en mi contra ni contra alguna de mis empresas por parte de la UDEF. Es importante destacar que yo no he sido nunca acusado ni sentenciado en ninguna investigación realizada en ninguna jurisdicción del mundo”.
Los dueños de Derwick tienen otros seis inmuebles y siete empresas registradas en España (goo.gl/3abtmj). Según medios españoles como El País solo Betancourt López invirtió 50 millones de euros en la compañía fabricante de lentes Hawkers. A través de esa firma, el empresario contrató los servicios de Ballard Partners, un poderoso bufete en Washington.
El Confidencial, en un reportaje publicado el lunes 26 de noviembre de 2017, cita a una fuente que le asegura que “muchos ‘boliburgueses’ y ‘bolichicos’ (como llaman en Venezuela a quienes han hecho dinero súbitamente gracias al chavismo) trabajan estrechamente con el gobierno de Maduro para asegurar que no se impongan más sanciones a Venezuela. Si rascas un poco, es evidente que esa podría ser la razón por la que Betancourt ha contratado a Ballard”. El medio asegura que, desde 2014, autoridades de EEUU investigan a los propietarios de Derwick.
Como parte de sus actividades en y desde España, Betancourt López conformó a partir de 2015 una sociedad con Alberto Cortina, empresario ibérico con quien tiene bancos en Senegal y Costa de Marfil.
De regreso al continente americano, en 2012, dos de los directivos de Derwick, Betancourt López y Pedro Trebbau López, demandaron en Florida al banquero venezolano Oscar García Mendoza y al empresario Rafael Alfonzo por $300 millones. Los acusaban de ser quienes estaban detrás del funcionamiento del portal Wikianticorrupción, entonces de propiedad y dirección editorial desconocidas. La desaparecida web publicaba reportajes sobre las presuntas irregularidades de los accionistas de Derwick. En febrero de 2013 llegaron a un acuerdo. Luego, apareció Jacinto Castillejo, un abogado y político de bajo perfil, quien asumió la responsabilidad de ser el editor del medio.
También en EEUU, un exembajador de esa nación en Venezuela, Otto Reich, y un venezolano, Thor Halvorssen, llevaron a los accionistas de Derwick a juicios que no prosperaron. Reich presentó la demanda en Nueva York en julio de 2013 por corrupción, delincuencia organizada, chantaje a funcionarios públicos, fraude electrónico y difamación comercial y personal. En marzo de 2014, Halvorssen los acusó de difamación en Miami.
En Colombia, el 11 de abril de 2016 y tras la compra de acciones en la petrolera Pacific Rubiales a través de la empresa financiera O´Hara, dirigida por Betancourt López y Orlando Alvarado -un experto en finanzas quien también aparece como empleado de Petrozamora- fueron acusados públicamente de lavar dinero de la corrupción mediante esa adquisición. En el cuestionario respondido por Betancourt López, afirma que “no tiene conocimiento de ninguna investigación y nunca ha sido ni notificado ni citado judicialmente en relación con este asunto”.
Mientras que en marzo de 2015, el entonces fiscal de Manhattan, Preet Bharara, abrió una averiguación por lavado de dinero y corrupción que se relaciona con el movimiento de cuentas en la banca suiza, entre las que se incluye la filtrada en los documentos utilizados en el reportaje de #ConexiónSuiza titulado Dueños de Derwick se hicieron los rusos para cobrar un favor a Pdvsa.
Una resolución de un recurso presentado por los demandados emitido por el Tribunal Penal Federal de Suiza apunta a que las autoridades de ese país están colaborando con Estados Unidos. En la sentencia del recurso se señala que Derwick remitió decenas de remesas por valor de más de 200 millones de dólares entre 2009 y 2013 en diferentes bancos.
La Oficina Federal de Justicia de Berna confirmó por email a esta alianza periodística que en enero de 2016 emitió una orden para la recopilación de registros bancarios relacionados con Derwick hasta en 18 entidades. En junio de 2017, “la Oficina Federal de Justicia emitió un primer decreto parcial, que ahora se ha convertido en definitivo, de ese modo, se pudieron presentar las primeras evidencias a las autoridades de Estados Unidos”. En definitiva, hoy existe una investigación en marcha tanto en Suiza como en Estados Unidos.
Información suministrada por fuentes de la Fiscalía suiza, indican que en agosto de este año se enviaron a la fiscalía de Nueva York “pruebas voluminosas” de lo pedido en 2015.
De acuerdo con registro de entradas y salidas a Venezuela obtenido por El Pitazo, Runrun.es, Armando.Info y El Confidencial de España, tras esa investigación iniciada por Bharara, el presidente de Derwick limitó sus viajes a EEUU. La última vez que Betancourt López viajó a EEUU, desde Venezuela, fue el 9 de febrero de 2015.
En diciembre de 2016, Thor Halvorssen solicitó ante la Cámara de los Comunes de Canadá el bloqueo del dinero de los propietarios de Derwick que se encuentra en el canadiense Royal Bank, por ser producto de la corrupción.
La filtración de registros bancarios en Suiza de Betancourt López y Francisco Convit Guruceaga citada en el reportaje Dueños de Derwick se hicieron los rusos para cobrar favor a Pdvsa, demuestra la existencia de cuentas bancarias de ambos empresarios en Royal Bank, el HSBC de Mónaco y en el JP Morgan de EEUU.
En diciembre pasado el bloguero venezolano radicado en Londres, Alek Boyd, presentó un documento que demuestra que los propietarios de Derwick recibieron asesoría del exviceministro de Electricidad, Nervis Villalobos, quien se encuentra detenido en España desde noviembre a solicitud de un tribunal de Houston por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero. De allí será extraditado a EEUU.
También Boyd sostiene que el español Ramón Blanco, favorecido por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela con una concesión petrolera a través de la empresa mixta Petrosur, es socio en los negocios ibéricos de Betancourt López.
Al mencionarlas las gestiones de la fiscalía de EEUU, escribió: “Ni yo, como Alejandro Betancourt, ni ninguna de mis empresas hemos sido contactados por las autoridades americanas a este respecto. Reitero que el gobierno americano nunca nos ha notificado, imputado ni sentenciados ni a mi persona ni mis empresas en cuanto a alguna investigación realizada por ellos”.
En cambio Halvorssen aseguró que tiene conocimiento de procesos abiertos en Houston y Nueva York contra Derwick, porque a él lo han entrevistado representantes de las agencias de investigación estadounidenses.
Sobreseídos por la Fiscalía venezolana
Pese a los cuestionamientos en el mundo, en Venezuela solo se conoce de una investigación iniciada por la Fiscalía General de la República. Fue precisamente a partir de una denuncia de Jacinto Castillejo, el director de Wikianticorrupción, en octubre de 2012, que se apoyó en el reportaje titulado “Cable pelao en la electricidad”, publicado en Últimas Noticias el 7 de agosto de 2011. Esto motivó a la entonces directora Contra la Corrupción de la Fiscalía General de la República, Neides Rodríguez, a ordenar a la fiscal 53, Wendy Sáez Ramírez, abrir el caso N° 00-DCC-F53-0016-2012.
De acuerdo con la correspondencia del Ministerio Público, los investigados fueron Javier Alvarado, expresidente de la Electricidad de Caracas, ex viceministro del área eléctrica y expresidente de Bariven, la filial de Pdvsa encargada de las compras internacionales; y los directivos de Derwick: Leopoldo Alejandro Betancourt López, Pedro Trebbau López, Edgar Romero Lazo, Iker Candina y Domingo Guzmán De Frutos López.
La fase investigativa pasó, en abril de 2013, al despacho de Pedro Buitriago, fiscal 25 nacional, quien solicitó a Derwick información sobre todas las obras, así como realizó entrevistas a cuatro directivos de la contratista del sector eléctrico y a un representante de Bariven. Según el acta, Buitriago escuchó los testimonios de los empresarios entrevistados sin repreguntar ni pedir pruebas. Por ejemplo, cuando Trebbau aseguró que han participado en más de 25 licitaciones nacionales y 15 internacionales en América, África y Asia, hecho del cual no existe ninguna evidencia.
Tampoco indagó el fiscal Buitriago cuando el mismo entrevistado aseguró: “Una compra inmediata, que fue el caso de nosotros durante la emergencia eléctrica, significa adelantarnos en la cola de fabricación del equipo, pagando un premium para acelerar la fabricación o adquirir el equipo de manera inmediata al comprador original que lleva dos años en espera”.
El fiscal no ordenó una revisión de los equipos, lo cual hubiera dejado en evidencia que más de 81% eran usados, de segunda y tercera mano, y cobrados como nuevos, traídos incluso desde Tanzania, como se demostraría con la filtración realizada por Daniel Rossenau, el exempleado de la empresa socia estadounidense de Derwick, ProEnergy. Betancourt afirmó en el cuestionario: “Todas las plantas fueron equipos nuevos o con garantía de ser equipos nuevos y lo que se denomina equipos llevados a cero horas”.
Posteriormente, la instrucción del expediente quedó en manos de la abogada Milvira Caraballo, fiscal 56. En agosto de 2013, el nuevo director Contra la Corrupción del Ministerio Público, Luis Abelardo Velásquez, la comisionó a indagar acerca de las “presuntas irregularidades ocurridas en el Sector Eléctrico Nacional a través de las contrataciones efectuadas por parte de Petróleo de Venezuela, S.A. y Corpoelec, con la empresa Derwick Associates Venezuela”.
De esa forma, excluyeron de la investigación la compra de equipos eléctricos por parte de la Corporación Venezolana de Guayana, que pagó más de $400 millones por la instalación de dos plantas eléctricas, la A y la B, en terrenos Sidor, la Siderúrgica del Orinoco. Derwick solo llegó a instalar una que funcionó cuatro años después, pero a su mínima capacidad. La otra máquina nunca se ensambló y las cajas con las piezas siguen tiradas en Sidor, como se puede observar en los patios de la empresa el estado Bolívar.
Un informe de Corpoelec de septiembre de 2013 reseña que, en ese caso, de no instalarse los equipos “se estarán perdiendo $100 millones”. A mediados de abril de 2018, se conoció que una de esas turbinas compradas usadas en EEUU, que estaba arrumada en el patio de Sidor, será llevada por vía marítima desde Bolívar, al Sur del país, hasta Maracaibo, en el Occidente, para tratar de atender la emergencia eléctrica del estado occidental de Zulia.
En diciembre de ese año, tras cuatro meses de trabajo, la fiscal Caraballo solicitó el sobreseimiento por la inexistencia de evidencias que demostraran alguna irregularidad.
Aunque el sobreseimiento pedido por Caraballo favoreció a Javier Alvarado, este exfuncionario nunca fue citado a declarar. En los 18 tomos que corresponden al expediente no se lee ni una pregunta que le hayan realizado al exviceministro, quien además es el padre de Javier Alvarado Pardi, compañero de clases en el Colegio Cumbres de Caracas de algunos de los directivos de Derwick, y quien de acuerdo con fuentes consultadas fue quien llevó a sus amigos con su padre, entonces presidente de la Electricidad de Caracas, para otorgarles las primeras obras eléctricas en octubre de 2009.
En España, tres meses antes, el 28 de septiembre de 2017, el Juzgado Central de Instrucción N° 002 de Madrid recibió una denuncia por corrupción y criminalidad organizada en contra de Alvarado, Nervis Villalobos y las empresas Duro Felguera, Técnicas Reunidad Terca, C.A., e Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía (Ingespre). De los mencionados en el caso, solo Alvarado no ha rendido declaración ante el juzgado por alegar un problema de salud. Ofreció declarar vía Skype desde Venezuela, comentó una fuente judicial. Pero la Audiencia española, tras conocer el examen de expertos médicos que dijeron que Alvarado podía viajar, ordenó su presentación ante la corte el 16 de abril pasado. El exviceministro desatendió el mandato, lo cual pudiera implicar su solicitud internacional. Dos fuentes independientes indicaron que se encuentra en Venezuela.
Bajo investigación
El 11 de diciembre pasado, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), actuaron nuevamente en un allanamiento relacionado con el sector energético venezolano. Esta vez no fue como el 4 de septiembre en la sede de Pdvsa en Lagunillas, estado Zulia, sino en los pisos 1, 8 y el penthouse de la torre Kyra, en Campo Alegre, Caracas, precisamente en las oficinas de Derwick.
Aunque no se informó el motivo de la acción, de acuerdo con reportes de prensa los funcionarios mostraron fotografías de cuatro hombres y una mujer a los ocupantes de las otras empresas que funcionan en el mismo edificio. Betancourt López afirmó: “Derwick Associates no tiene constancia sobre ninguna investigación judicial en su contra. Igualmente, no se ha tenido constancia de ninguna orden judicial para registrar sus oficinas en el edificio mencionado”.
Ese no es el primer allanamiento que sufre Derwick. De acuerdo con un expediente de diciembre de 2014 de la Corte de Apelaciones de Valencia, estado Carabobo, el 17 mayo de 2010 una comisión de la Guardia Nacional visitó la sede en la misma torre Kyra como parte de una investigación por contrabando de combustible. De ese caso no se obtuvo mayores detalles.
Ahora, el contexto de este último allanamiento resulta distinto. El 31 de agosto el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó que Derwick formaba parte de un grupo de 10 empresas que recibieron 12 contratos de Pdvsa con un sobreprecio de 250%, en promedio, para proyectos en la Faja del Orinoco, área con una reserva de 1,3 billones de barriles de petróleo extrapesado, ubicada entre los llanos y el Oriente del país y cuya explotación se realiza con convenios operativos con empresas transnacionales como el de Petrozamora en el estado de Zulia.
En diciembre de 2016, el entonces presidente de la estatal petrolera, Eulogio Del Pino, hoy detenido por el sabotaje y corrupción, ya había emitido una orden interna para impedir que 10 empresas, entre ellas Derwick, contratarán obras en proyectos relacionados con la Faja del Orinoco, debido a que eran objeto de una investigación.
Ese 11 de diciembre de 2017, era imposible que encontrarán a algunos de los directores de Derwick en la torre Kyra, pues todos ellos se hallan fuera del país. Desde ese día, el fiscal designado Saab, no ha hecho una nueva referencia sobre la contratista eléctrica. El presidente de Derwick manifestó: “No he sido notificado sobre ninguna investigación en marcha en este momento sobre los contratos mencionados en Venezuela. En todo caso, cualquier investigación que pudiera haberse realizado en el pasado en relación con este asunto en Venezuela confirmó la total legalidad de los contratos celebrados”.
Sin embargo, una fuente ligada al sector judicial contó a esta alianza de medios que los propietarios de Derwick sí tienen una investigación abierta, a cargo de las fiscalías 11 y 67 a nivel nacional. Se les señala por “corrupción propia en la adjudicación de contratos de adecuación eléctrica en la Faja del Orinoco”.
