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Bruselas- La Unión Europea (UE) amenazó este 26 de mayo a la farmacéutica AstraZeneca con una penalización de 10 euros por cada día de retraso en la entrega de su vacuna contra COVID-19, a partir del 1 de julio, un monto que podría superar los 200 millones diarios.
A los 200 millones de euros se sumarían otros 10 millones de multa, según el cálculo del abogado de la UE, Rafaël Jafferali.
AstraZeneca tenía que entregar 300 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus para finales de junio (150 millones de vacunas completas) y sólo llegará a 100 millones de dosis. La UE le reclama al menos 120 millones.
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La solicitud de la penalización económica deberá efectuarse en un proceso judicial paralelo con carácter ordinario, que está programado para el 24 de septiembre y cuyo veredicto no se conocerá hasta 2022.
En el juicio rápido la UE sólo espera que el tribunal obligue a AstraZeneca a entregar las vacunas como medida cautelar, debido al impacto de la vacunación en la salud y en la economía.
Según han asegurado, a propósito del litigio los portavoces de la Comisión, la UE no persigue una indemnización económica en sí misma, sino utilizar esa amenaza como palanca para que la farmacéutica entregue las dosis que faltan.
De las 300 millones de dosis que AstraZeneca tenía que haber entregado en el primer semestre de 2021 (120 millones entre enero y marzo y otros 180 millones entre abril y junio), por ahora sólo han llegado a la UE, 55 millones, indicó el letrado en el tribunal.
La farmacéutica no prevé entregar más de 100 millones a la UE al cierre del mes de junio y sólo cumpliría con el total de las entregas ante de finalizar este año 2021.
“Astrazeneca ha puesto en riesgo la salud de millones de ciudadanos europeos, generando un riesgo de penuria de vacunas”, dijo Rafaël Jafferali.
Por otro lado, el abogado de AstraZeneca, Hakim Boularbah, rechazó que el laboratorio haya incurrido en una “violación flagrante” del contrato que denuncia la Comisión.
La farmacéutica anglo-sueca alega que no logró cumplir el contrato por la complejidad de producir una vacuna y pese a haber hecho “sus mejores esfuerzos razonables”, una frase que aparece reflejada en el contrato en inglés: “best reasonable efforts”.
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