Miami.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció, en un informe presentado en su reunión de medio año que se celebra esta semana, que en Venezuela hay «una dictadura implacable» que considera al periodismo independiente como un enemigo permanente.
«La situación de la libertad de expresión sigue en el mismo nivel crítico de los últimos años. Se trata de una dictadura implacable que considera el periodismo independiente como un enemigo permanente», recoge el documento.
En el informe se subraya que ocho estaciones de radio han sido sacadas del aire en toda Venezuela y se destaca que el uso de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (llamada Ley Resorte) «regula el espectro radioeléctrico de manera discrecional y punitiva», con lo que se convierte en un «instrumento para silenciar la radio».
«Por lo pronto, las estaciones de radio que todavía existen están autocensuradas por el terror que genera esta ley Resorte», añaden.
“Reducción del espacio cívico”
El documento recuerda que la Oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, publicó un informe el pasado 11 de marzo en el que se asegura haber registrado, desde septiembre de 2020, una «reducción del espacio cívico».
En ese lapso de tiempo, hubo al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos y trabajadores humanitarios.
«Tan solo en el mes de enero se ejecutaron al menos tres operaciones de registro e incautación en los locales de medios de comunicación. En distintos grados, se incautó equipamiento, se cerraron oficinas, se intimidó al personal y se suspendieron emisiones», reza el informe reseñado por la SIP.
«Bachelet también hizo referencia sobre al menos 15 casos de intimidación y acoso contra periodistas en las elecciones (legislativas) del 6 de diciembre», añaden.
En este contexto, el informe de la SIP considera que la mayoría de los medios que difunden informaciones críticas han migrado a internet, pese a que el Gobierno, «a través de las compañías telefónicas», bloquea las páginas de acuerdo a lo que consideran noticias perniciosas para la ‘Revolución’».
Esos bloqueos tienen carácter discrecional, puntual y temporal, según la entidad. Además, consideran que a «muchos periodistas se les han iniciado investigaciones penales ordenadas por jerarcas del Gobierno con la finalidad de silenciarlos e intimidarlos».
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