La ONG internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) condena la decisión de la justicia británica de aprobar la extradición del periodista y fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos, declaró el secretario general de RSF, Christophe Deloire en un comunicado publicado por la ONG.
«Condenamos la decisión de hoy de la Corte Suprema del Reino Unido de permitir la extradición de Julian Assange a EEUU», dijo Deloire.
El secretario de RSF expresó la certeza de que Assange está siendo perseguido «por sus contribuciones al periodismo».
«Defendemos este caso debido a sus implicaciones peligrosas para el futuro de la libertad de prensa en todo el mundo. Ha llegado la hora de poner fin a más de una década de persecución, de una vez y para siempre. Es la hora de poner en libertad a Assange», afirmó.
Además, recordó que este mismo viernes, cuando se anunció el fallo, se celebra la ceremonia del premio Nobel de Paz, otorgado este año a dos periodistas, y se desarrolla la Cumbre por la Democracia, convocada por EEUU, con más de 100 países invitados.
«No puede haber mayor símbolo de contradicción», subrayó en el comunicado.
Los cargos
En Estados Unidos, Assange enfrentaría un juicio por 17 cargos bajo la Ley de Espionaje, y un cargo bajo la Ley de Abuso y Fraude Informático, que combinados podrían llevarlo a prisión por hasta 175 años, probablemente en condiciones de aislamiento o confinamiento solitario a pesar de las garantías de Estados Unidos, lo que agravaría gravemente su riesgo de suicidio.
Los cargos contra Assange se basan en la publicación de Wikileaks en 2010 de documentos clasificados filtrados, incluido el Diario de la guerra afgana, los Registros de la guerra de Irak y más de 250.000 cables diplomáticos, que representan la mayor publicación de información clasificada filtrada hasta la fecha. Los documentos expusieron crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos por los que nunca se ha procesado a nadie.
Assange sería el primer editor procesado bajo la Ley de Espionaje de EE. UU., que carece de una defensa de interés público, lo que sienta un precedente peligroso que podría aplicarse a cualquier medio de comunicación que publique historias basadas en los documentos filtrados, o de hecho a cualquier periodista, editor o fuente en cualquier lugar en el mundo.
