El Parlamento de Nueva Zelanda declaró el pasado miércoles la emergencia climática para «colocarse en el lado correcto de la historia» y la primera ministra, Jacinda Ardern, reafirmó su compromiso para transformar las organizaciones gubernamentales y alcanzar la neutralidad de carbono para 2025.
«Esta declaración es un reconocimiento a la siguiente generación, del lastre que arrastrará si no hacemos esto bien y si no actuamos ahora (…) Esta declaración es sobre nuestras responsabilidades globales», declaró Ardern en el Parlamento.
La moción presentada por Ardern, que gobierna con mayoría absoluta desde el pasado 17 de octubre, fue aprobada con el apoyo del Partido Laborista -el suyo-, los verdes y el partido Pati Maori e incluye el compromiso de reducir emisiones y resíduos.
En este sentido, la primera ministra reafirmó su compromiso de que el sector público alcance la neutralidad de carbono en 2025 y liderar así desde el gobierno la transición energética a largo plazo, hasta 2050, y recalcó que la lucha contra el cambio climático es una prioridad para su gobierno y es una parte fundamental de su plan para la recuperación económica después de la pandemia de COVID-19.
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El programa de descarbonización de su gobierno, dotado de un presupuesto de 200 millones de dólares, incluye la eliminación de las centrales de carbón, la obligación de que las agencias gubernamentales adquieran vehículos eléctricos y el cumplimiento de requisitos energéticos para edificios públicos.
Por su parte, el ministro del clima, James Shaw, recalcó que Nueva Zelanda pondrá en marcha uno de los planes más ambiciosos del mundo en reducción de emisiones con el objetivo de que la temperatura global no aumente más de 1,5 grados con respecto a la época preindustrial.
La ley trata de mantener la emisión de gases por debajo de 1,5 grados, como establece el Acuerdo de París, y supone un paso importante en la lucha contra la emergencia climática en la que está sumido el planeta, aunque excluye a la agricultura.
Esta ley tiene como objetivo reducir para 2030 en un 10% las emisiones de metano biológico procedentes de la agricultura y prevé una reducción provisional en un rango del 24% al 47% para 2050.
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