Foto: Archivo
Los organismos que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición de Colombia pidieron este viernes la «presencia integral» del Estado en el suroeste del país, una de las zonas más afectadas por la violencia.
La petición fue suscrita por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), ante los brotes de violencia en los departamentos de Nariño, fronterizo con Ecuador; Cauca y Valle del Cauca.
Esas regiones son escenario de masacres y enfrentamientos entre grupos guerrilleros y narcotraficantes que causan el desplazamiento de centenares de personas.
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El jueves, miles de personas de Buenaventura, el principal puerto colombiano sobre el Pacífico, hicieron una cadena humana para clamar por la paz en esta parte de Colombia, en la que también abundan los cultivos de coca.
En un comunicado conjunto la JEP, la CEV y la UBPD, que conforman el Comité Interinstitucional, señalan que se suman a «ese clamor por el derecho a la vida» y solicitan al Estado «hacer presencia de manera integral en el suroccidente del país».
El Comité recuerda que según la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), este año se incrementó la violencia en Buenaventura en donde han sido asesinadas 20 personas y 112 familias se han desplazado forzadamente.
Líderes sociales han denunciado en varias oportunidades el abandono histórico del Estado con esta región que en donde casi no hay fuentes de empleo, y la mala calidad de la educación y de salud que son aprovechadas por «distintos actores armados, lo cual incrementa la zozobra y violencia en la comunidad».
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Al respecto, el Comité considera que la presencia de la Policía y el Ejército «es necesaria, pero insuficiente para garantizar una paz territorial».
Sin embargo, dice que «es urgente adoptar medidas para garantizar trabajo digno, educación, salud y los demás derechos económicos, sociales y culturales de Buenaventura y el suroccidente del país».
Por último, el Comité destaca lo importante que resulta la implementación del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y las FARC en 2016 toda vez que «sus distintos puntos contienen mecanismos y procesos necesarios para superar las condiciones de exclusión y abandono de distintos territorios del país que permiten avanzar en la consolidación de la paz».
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